Carlos Crespo / Pedro Leal
Criminalización de la protesta, violaciones a los derechos humanos (incluyendo tortura y malos tratos), deformación de los hechos y persecución a los defensores de derechos fundamentales es el saldo que registra el Foro Penal Venezolano (FPV) a casi un año de las protestas que se iniciaron e 12 de febrero de 2014.
El balance de esta ONG se incluyen más de 3.400 detenidos, 44 fallecidos, 34 de ellos relacionados directamente con las protestas. De este último grupo, 16 perdieron la vida debido a violaciones de Derechos Humanos cometidas por los cuerpos de seguridad.
“Si tú te paras en la calle y le preguntas a alguien si conoce a algún amigo o familiar o si él mismo fue detenido por protestar, te va a decir que sí”, aseguró el director ejecutivo del FPV, Alfredo Romero.
Por su parte, El Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, organización que nació en noviembre de 2014 con la finalidad de mostrar lo que era “invisibilizado” por los medios privados; habla de 43 fallecidos, entre ellos 6 funcionarios de cuerpos de seguridad y 878 lesionados, entres los que cuentan 137 uniformados.
A diferencia del grupo de abogados, los defensores de los afectados totalizan apenas 51 personas detenidas. “Están buscando las pruebas y se están haciendo las experticias”.
¿Apegados a derecho?
Desireé Cabrera, vocera del grupo cercano al Gobierno Nacional, considera que las autoridades actuaron ante protestas violentas que pretendían derrocar a Nicolás Maduro. “Si hubo exceso de fuerza, las personas que cometieron excesos están siendo procesadas”, reconoció.
La organización que han sistematizado más de 150 casos de personas afectadas por las manifestaciones callejeras, a pesar que todavía no existe una condena relacionada con los hechos de 2014 creen que "la justicia ha funcionado adecuadamente".
“Hay casos difíciles. Por ejemplo en el caso de las barricadas, ¿cómo asignas la responsabilidad si se desconoce quiénes la pusieron?”, explicó.
Gonzalo Himiob, del FPV, asegura que las detenciones durante las protestas que iniciaron el 12 de febrero han tenido 5 patrones: ausencia de pruebas, la imputación de los mismos delitos, negación de todas las peticiones de la defensa, delación continua del proceso y desobediencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a los dictámenes de los tribunales.
“En ninguno de los casos ha importado lo que debe importar en un proceso penal, que es la búsqueda de la verdad (…) lo que importa es someter a la gente a procesos interminables, sujetos a cualquier cantidad de demoras y delaciones indebidas con la única finalidad de convertir al proceso en sí mismo en un castigo”, asegura.
Leopoldo López
Himiob consideró que la tesis de la Fiscalía, de que Leopoldo López dirigió las movilizaciones de esos días con el fin de derrocar al Gobierno, carece de pruebas. “Se intenta montar y consolidar una versión oficial de los hechos que no es la verdadera , que siempre he llamado La Mentira Oficial”.
Para Cabrera los llamados de Leopoldo López y otros dirigentes de la oposición a “La Salida” y a protestar en las calles contra el Gobiero son suficiente prueba de que son los autores intelectuales de los fallecidos durante las protestas.
“Si no hay llamado a la calle no hay víctimas (…), hay un muchaho que falleció por un mortero que le explotó en la mano, es un guarimbero, pero para nosotros también es una víctima, porque si no cae en la manipulación del llamado que hicieron, él no fallece”, argumentó.
Amenazas
Alfredo Romero denunció que los integrantes de la organización y sus familiares son objeto de amenazas y agregó que el Ministerio Público inició una investigación contra la ONG. “Se nos expone al escarnio público a nosotros y a nuestra familia, se está llegando a extremos y eso es peligroso”, expresó.
2015-02-08