EFE
El 2016 en Venezuela estuvo marcado por el agravamiento de la crisis económica y la polarización política, con la oposición por primera vez con el control del Parlamento, lo que obligó al Gobierno y a sus opositores a sentarse en una mesa de diálogo para intentar alcanzar soluciones negociadas.
Apenas el quinto día del año comenzó una guerra entre el poder legislativo, por primera vez en 17 años dominado por los opositores, y el resto de los poderes —principalmente el judicial—, más cercanos al Ejecutivo.
En esa primera sesión del Parlamento la oposición anunció que trabajaría por una salida pacífica, electoral y democrática del presidente, Nicolás Maduro, de su cargo este mismo año.
La desafiante mayoría opositora incorporó en el Legislativo a sus tres diputados electos por el estado Amazonas (sur), pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había admitido una impugnación a tales investiduras por supuestas irregularidades cometidas durante las elecciones legislativas en ese ente sureño.
Tras ello, el Supremo declaró a la Cámara en desacato y dictó que todos sus actos serían nulos hasta que no expulse a los impugnados, algo que terminó por cumplirse días más tarde con la salida "voluntaria" de los amazonenses, que decidieron esperar a que el TSJ resolviese sobre su caso.
Ese enero el Parlamento rechazó un estado de excepción decretado por Maduro, en el que se reconocía que la nación petrolera atravesaba por una emergencia económica.
Sin embargo, el Supremo validó dicho decreto, como ha respaldado las cinco extensiones del mismo que le han permitido al Ejecutivo calcular el presupuesto de 2017 y manejar todos los recursos disponibles sin el control del Legislativo.
En esta misma línea, el máximo tribunal declaró inconstitucionales casi todas las leyes -nuevas y reformadas- que ha promulgado la Asamblea Nacional, lo que exacerbó el conflicto entre estos dos poderes.
Entretanto, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) impulsó desde marzo un proceso para activar un referendo que revoque el mandato de Maduro a la mitad del período para el que fue elegido, tal y como lo consagra la Carta Magna.
La MUD organizó varias movilizaciones en Caracas y el resto del país para respaldar esta iniciativa, promovida originalmente por el gobernador del céntrico estado de Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, y criticada por el chavismo, que denunció como fraudulenta la recolección del 1 % de firmas necesarias para activar tal proceso.
En paralelo, el Gobierno cursó reiteradas invitaciones a la oposición a un diálogo político y, en razón de ello, invitó a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para auspiciarlo.
A partir de mayo el diálogo comenzó a tomar forma con reuniones exploratorias entre los mediadores y las partes, aunque tardaría meses en concretarse definitivamente.
Con el "revocatorio" y el diálogo andando a pasos accidentados llegó el mes de octubre, cuando los opositores tenían previsto realizar el último requisito previo a la convocatoria de la consulta: la consecución del respaldo del 20 % del censo electoral.
Sin embargo, una semana antes de la fecha prevista para la recolección de ese porcentaje de apoyos, varios tribunales regionales suspendieron el proceso en sus respectivos estados por "fraude" en la recolección del 1 % de firmas realizada en mayo.
Los dirigentes opositores subieron entonces el tono y anunciaron el inicio de un "juicio político" parlamentario al jefe del Estado por "romper el hilo constitucional" y convocaron a una manifestación hacia el Palacio presidencial de Miraflores.
El oficialismo cerró filas en torno a Maduro, a quien respaldó durante todo el año con decenas de marchas en la capital venezolana, y remarcó que su mandato solo culminaría en 2019, cuando concluye el periodo para el que fue elegido.
Con semejantes cañones listos para abrir fuego, la mediación del Vaticano, a través de un enviado del papa Francisco, fue decisiva para conseguir sentar a ambos bandos en torno a una mesa de diálogo el 30 de octubre.
Tras varias reuniones en plenario y en mesas de trabajo, las dos partes firmaron una declaración conjunta denominada "Convivir en paz", en la que se comprometían a "desterrar la violencia" y evitar el insulto.
Con todo, el diálogo se tambaleó desde sus inicios por las críticas internas al mismo en el seno de la oposición -Voluntad Popular, el partido fundado por el encarcelado Leopoldo López, rechazó participar- y también por el supuesto incumplimiento de los primeros acuerdos por parte del Gobierno, entre ellos la liberación de opositores encarcelados y el respeto a las atribuciones del Parlamento.
A principios de diciembre, la oposición se negó a acudir a la mesa y las negociaciones entraron en una fase de revisión con la promesa de una eventual "reactivación" del proceso el 13 de enero del año próximo.
La principal batalla sigue siendo la cuestión electoral: la MUD demanda que se adelanten las elecciones presidenciales, pero el Gobierno insiste en que no se celebrarán hasta 2018.