Anyela Torres
Desde hace siete años, cada 23 de noviembre se conmemora el Día Mundial Contra la Impunidad, en pro de hacer justicia para las víctimas de cualquier delito. Este 2017 Venezuela lo recuerda con una cifra de agresiones a la prensa pendientes por penalizar superior al 99%, según señala la ONG Espacio Público.
Y es que en este año, a raíz de las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, se ha hecho imposible “tapar el sol con un dedo”, ante la evidente y consecuente violación al derecho de estar informado y a la transgresión hacia los profesionales de la comunicación.
Carlos Correa, representante de la ONG Espacio Público, indica que hasta septiembre de este año han documentado 674 casos contra el derecho a la información. Así mismo, precisa que han recibido 887 denuncias de violaciones del derecho a la libertad de expresión y más de 777 víctimas fueron periodistas y reporteros.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad, Ipys, ha contabilizado, desde el primero de enero al 15 de noviembre de 2017, 472 casos de violaciones a la libertad de expresión.
Patrón. A concepción de Carlos Correa, la gran mayoría de estos delitos fueron documentados durante las protestas de este año.
“La característica más repetitiva de este año fue que se hizo más evidente la identidad política e institucional de los agresores. En esta oportunidad fue mucho más evidente que se trataba de funcionarios del Estado y afectos al oficialismo, antes al menos eso se disimulaba”, dijo Correa.
Mariengracia Chirinos, periodista e integrante de Ipys, comenta que 7 de cada 10 denuncias se recibieron durante las protestas.
Ambas fuentes coinciden en que los reporteros de calle han sido los más afectados en este año.
Añaden que las agresiones físicas, la intimidación y la censura fueron los delitos más cometidos.
“La agudización de la censura con la salida de 54 medios nacionales y 5 internacionales también es otro aspecto importante”, dijo Chirinos.
La impunidad reina. Carlos Correa, de Espacio Público, subraya que al finalizar las protestas las agresiones fueron menos consecuentes, pero aún así siguieron suscitándose, y a pesar de ello, el Estado no ha implementado ninguna política para que esto no se repita.
“El factor que cataliza que estos hecho sigan ocurriendo es que no hay medidas penales sobre los actores de tales crímenes. Hay casos en que sí se han tomado medidas legales, pero es excepcional. Por encima del 99% de los casos las agresiones quedan en absoluta impunidad”, aseveró Correa.
La periodista Chirinos agrega que de los 472 casos recibidos 323 fueron responsabilidad del Estado y el “odio” fue el móvil más repetitivo.
“Nuestra situación no puede compararse como la de México u Hoduras, pero en el marco jurídico Venezolano sí hay normas que el Gobierno pudiera hacer cumplir, si quisiera; así disminuiría este tipo de altercados, pero si no se toman medidas, no mejorará”, sentenció Chirinos.
Correa resaltó además que al momento de acompañar casos en los que hay presencia de corrupción policial no se toman decisiones ni se avanza en las investigaciones. “Se dejan así y ya”, comentó.
Boicot cibernético. Otro aspecto que los entrevistados señalaron como perjudicial para la prensa, es el bloqueo al acceso a los portales web.
“Actualmente hay una situación que se está dando y son los ataques hacia portales web. Eso ocurre y mucha gente no se percata de ello, porque les aparece como si la página estuviera caída, pero pasa mucho y debe tratarse de un usuario de cierta sofisticación para hacer ajustes que solo te permite acceso hacia algunas páginas en cada cierto tiempo. Varios portales lo han denunciado ya”, expresó Carlos Correa.
Con respecto a los motivos de la censura y ataques hacia la prensa, ambos representantes de estas organizaciones señalan que se debe a una política de estado que busca hostigar todo lo referente a la expresión independiente y autónoma, aunado a un ecosistema de medios muy debilitados debido a la situación económica.
2017-11-22