EFE
La OEA acoge hoy la tercera y última ronda de audiencias públicas sobre Venezuela antes del informe final que determinará si hay base para denunciar a las autoridades chavistas ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En dos sesiones, familiares de víctimas, políticos venezolanos y un exfiscal expondrán sus casos para denunciar la "represión" en su país, explicó en la presentación Cristopher Hernández, asesor del secretario general, Luis Almagro.
El excanciller uruguayo, impulsor de la insólita iniciativa de las audiencias, se ausentó hoy de nuevo de las sesiones, como ya hizo en las anteriores, celebradas en septiembre y octubre.
A la misma hora que comenzaban en la Organización de los Estados Americanos (OEA) las audiencias, Almagro participaba en la entrega del premio de derechos humanos Robert F. Kennedy al director de la ONG venezolana Foro Penal, Alfredo Romero.
Aunque él no acude a las sesiones, miembros de la Secretaría General son los encargados de tomar nota para la elaboración de un informe final, que debería estar listo antes de que termine el año, si bien aún no hay una fecha concreta, explicaron a Efe fuentes de la OEA.
En paralelo, un panel de expertos, encargados de hacer las preguntas en las audiencias, elaborará sus recomendaciones, es decir, si consideran que hay o no base para denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad en La Haya.
Los tres expertos que conforman el panel son el exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la CIDH; y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la CorteIDH.
Ellos moderan las sesiones desde octubre, cuando el ex fiscal jefe de la CPI Luis Moreno Ocampo, el que diseñó el proceso de las audiencias como asesor especial de Almagro, dejó de estar a cargo de la iniciativa por unas informaciones en prensa que siembran dudas sobre su trabajo en la CPI y sus finanzas.
La misión de Venezuela en la OEA, tras esa polémica, denunció que "desde el principio, la operación sufre de falta de integridad por parte de sus líderes" y condenó la iniciativa como un nuevo "abuso" del organismo cometido por Almagro, ya que ha organizado las audiencias sin someterlo a consideración de los Estados miembros en el Consejo Permanente.
La OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría simplemente enviar la información él mismo, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina; u, hoy mismo, la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.
La jurista denunció a Maduro y a varios de sus ministros ante la CPI por crímenes de lesa humanidad y dijo que su Gobierno llevó a cabo entre 2015 y 2017 un plan "de limpieza social".
2017-11-16