Armando Altuve | [email protected]
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ante las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, une los cabos y saca conclusiones: "El gobierno juega a crear una crisis institucional en el país porque perdió el control del poder legislativo".
Por ello, el paso a seguir es claro: apremiar la salida constitucional y democrática del presidente Nicolás Maduro, a quien responsabiliza de la profundización de la crisis nacional que, reitera, el actual mandatario heredó de Hugo Chávez.
"Ya los seis meses planteados resulta extenso", reflexiona el diputado adeco en su despacho del Capitolio Federal, donde muy temprano en la mañana recibe a los periodistas de Diario 2001 y a los directivos del Bloque de Armas.
Como abogado asegura conocer cuáles son las vías para adelantar las elecciones; pero no tiene la decisión en sus manos. En la actualidad los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) discuten cuál de todas las alternativas planteadas en la Constitución resulta más atractiva y expedita.
En lo personal, el diputado consideró que el camino es la enmienda, y declina por el referéndum porque piensa que es "una oferta engañosa"; aunque afirmó que de activarse este mecanismo podría encontrarse de frente con la Sala Constitucional de TSJ que lo vetaría.
El parlamentario aclaró que la enmienda, vía a la que apeló también el chavismo en el pasado, no es una decisión "burocrática" ni "administrativa" debido a que depende de la voluntad popular sí se aprueba o no. Tampoco cree que sea "drástica", pues, sin miramientos, concluyó: "Lo más drástico es someter al país a esta situación de crisis insoportable (…) que tiende a agravarse".
¿Cuáles son las líneas de acción de la AN luego de que el TSJ avaló la vigencia del Decreto de Emergencia Económica que había sido desaprobado por la plenaria? La respuesta es muy sencilla, y además ingenua, nosotros seguiremos ejerciendo nuestras facultades como poder autónomo de legislar, controlar y debatir. Para nadie es un secreto, y ya se había anunciado, que el Gobierno usaría el TSJ para obstaculizar al parlamento y ya lo han hecho en otras ocasiones, por ejemplo, cuando tomaron la decisión de intervenir la directiva del partido Copei, la estafa de Min Unidad que le resultó costosa al Gobierno pero no les resultó y el caso de la sentencia sobre los diputados de Amazonas y otras situaciones más que si lo enumero pierdo la cuenta. Lo que ha ocurrido actualmente ya no es una guerra anunciada sino una guerra en desarrollo, y ante eso seguiremos cumpliendo con nuestros deberes constitucionales.
¿A qué juega el Gobierno con las decisiones del TSJ? El Gobierno está jugando a crear una crisis institucional porque está convencido de que perdió el control del poder legislativo que hoy ejerceremos de forma autónoma y en plenitud de nuestras facultades. Nosotros no somos la expresión de un contra poder como mantiene el Gobierno y si así lo desea creer, que lo crea.
Unasur evaluó como positiva la jornada electoral del 6D, pero pareciera que no hubo una respuesta contundente ni de la AN ni la MUD sobre esa conclusión ¿La percepción del organismo no sería un argumento para retomar la lucha por los diputados de Amazonas? Nosotros consideramos ese argumento desde los principios. A esos efectos, Unasur se apegó a una obviedad porque los resultados fueron trasparentes y la oposición obtuvo una ventaja enorme. La respuesta de la AN y de la MUD ha sido la misma ¿Qué íbamos a hacer? ¿Permanecer en desacato y comprometer la inexistencia de la AN como lo dijo el TSJ? Acatamos porque además tenemos la seguridad de que cuando se produzca la decisión, que debería producirse porque es imposible que toda una entidad federal no tenga representación en el parlamento, y concluya que esos diputados deben reintegrarse o que se repitan las elecciones, y al repetirse el resultado será igual, incluso más arrollador porque la gente suele reaccionar ante este tipo de atropello. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, pero ahora el Gobierno insiste en crear las condiciones para, por ejemplo, un golpe militar que le serviría de excusa para decir que fracasó porque no le dejaron terminar.
¿Cuál de todas las alternativas que se han propuesto para adelantar las elecciones presidenciales considera que debe activarse? Estamos convencido de buscar la salida que ya dentro de los 6 meses que yo había anunciado durante la presentación de la oferta electoral resulta corto. Incluso hasta aquellos que me decían que yo era un carro chocón por haber propuesto eso hoy dicen lo contrario. Ahora hay que ensayar todas las vías constitucionales que algunas tienen complicaciones procedimentales complejas. Yo considero más atractiva la enmienda porque un referéndum revocatorio, sigo insistiendo, es una figura fantasiosa, una oferta engañosa e ilusoria. Me parece que la opción expedita es la enmienda.
¿Por qué considera una oferta engañosa el referéndum? Porque son tantos los pasos, las exigencias, los obstáculos, la discrecionalidad con la que podría intervenir el CNE y el TSJ hace que en la práctica ese mecanismo sea mucho menos que imposible y, además, si se llegaran a extender los tiempos, salvo que se modifiquen algunas disposiciones de la Ley de Referéndum, resulta al final una vía que podría hacerse efectiva en los dos últimos años, entonces revocas al presidente pero el vicepresidente debe completar el mandato y, entonces, terminaríamos diciendo "tanto nadar para morir en la orilla".
¿Es posible modificar disposiciones para hacer un referéndum si podría ser impugnada por el TSJ y declara inconstitucional?
Siempre tendremos ese riesgo, y ese riesgo lo tendremos con la enmienda. Por allí dicen que recortar el mandato es inconstitucional, pero no lo es. En el gobierno de Luis Herrera Campins se aprobó una enmienda que le recortó su periodo y así electo por tiempo determinado y se le acortó en medio del mandato. Se puede dictar una enmienda para recortar un período y prohibir la relección de manera frontal o garantizarla por un periodo posterior. Ahora siempre quedará la posibilidad de que el TSJ diga que es inconstitucional y no proceda. Yo he hecho un ejercicio personal: yo he propuesto una enmienda donde para recortar el tiempo de está AN recién electa; pero que también para recortar al poder ejecutivo y al TSJ pelo a pelo. Me atrevo a ver si esos burócratas del TSJ se someten a un referéndum popular a ver si pasan la prueba, y saber cuál es la apreciación ética y moral de ese tribunal, del ejecutivo y esta asamblea. Eso ya ha planteado, pero no ha pasado nada.
¿Qué le dice aquellos que han cuestionado que los opositores aprueben una enmienda como lo hizo el chavismo en una oportunidad? ¿No considera la enmienda una medida drástica?
La enmienda no es una decisión burocrática y administrativa porque el pueblo es quien decide sí lo acepta o no. Esto no es una decisión como la sentencia del TSJ que se hizo en lo oscuro, a puerta cerrada, con alevosía. Tampoco es una opción drástica porque lo más drástico es someter al país a esta situación de crisis insoportable en todos los ámbitos que tiende a agravarse y a empeorar. Si existiera alguna esperanza se podría hablar de tregua y dar un paso transitorio al Gobierno y cese la crisis porque acá no son los factores políticos más importantes, sino el pueblo en su totalidad. Pero siguen con la terquedad y aferrados al mismo modelo y sin castigar la corrupción y si condenando al que produce. Esta situación de incertidumbre y desesperanza es lo puede dar pie a cualquier salida no democrática y esa es mi angustia, mi temor y el de muchos venezolanos.
Recientemente informó que lo invitaron a comparecer al TSJ ¿sabe por qué lo citan?
No es una comparecencia sobre la sentencia del decreto de Emergencia Económica, sino sobre aspectos colaterales que no tienen relevancia que a lo mejor se quedan en el aire. Ahora, no voy a concurrir para decir cuatro cosas para que no la tomen en cuenta, y si voy a hablar con los magistrados del TSJ debe ser en presencia de medios de comunicación. A mí no me importa discutir con todos los magistrados de la sala y no es la primera vez que lo hago, pero a puerta cerrada, cero.
¿Qué opina sobre solicitud de reapertura de la investigación sobre los orígenes del presidente Maduro? ¿Considera conveniente volver a poner sobre el tapete ese tema?
Yo no opino antes que tenga una conclusión sobre el caso. En este mismo despacho recibí un oficio suscrito por Enrique Aristeguieta Gramcko, Jesús Petit Da Costa y Nitu Perez Osuna quienes plantearon la solicitud de investigación. A mí me parece que el documento fue comedido porque no afirmaron ni negaron nada sino que simplemente en razón de las informaciones que trascendieron desde hace tiempo pidieron que se abriera la investigación. Ni siquiera di cuenta ante la plenaria de la Asamblea Nacional para no abrir previamente un debate que iba a caer en el campo de la especulación y de la diatriba. Por secretaría llegó la correspondencia por el señor Pablo Medina acompañado de una serie de opiniones, ningún instrumento concreto y ese documento se remitió a la comisión de Política Interior que preside Delsa Solórzano, con el volumen de información. La delegación tiene plenas facultades para abrir las averiguaciones correspondientes y, por supuesto, al culminar se dirán los resultados.
¿Cuál cree que sea el principal argumento del Gobierno por el cual se opone a la titularidad de la vivienda? ¿Hay quienes dicen que cuando esa ley se apruebe van a ir a registros y notarías y ahí se sabrá cuantas viviendas han sido construidas?
Ciertamente cuando comiencen a hacerse el inventario real nos daremos cuenta que el Gobierno ha mentido descaradamente sobre el número de inmuebles que aparentemente ha construido y se determinara que los datos son falsos y que parte de esa cantidad de viviendas están incluidas casas que han sido arregladas y refractadas. Lo cierto es que con la Ley de propiedad de la Misión Vivienda Venezuela se pretenda crear un mercado paralelo inmobiliario ni que las casas caigan en manos del sector privado y se especule con precios porque las personas conviven allí y no se la van a pasar a cualquier corredor inmobiliario debido a que la normativa establece garantías para evitar ese tipo de desviaciones. Lo que pasa es que el Gobierno teme ser descubierto y eso significaría que la explotación clientelar y la manipulación a los beneficiarios que se les adjudiquen las casas se pierda.
2016-02-21