El militar venezolano Igbert Marín Chaparro, teniente coronel del Ejército considerado preso político, levantó este jueves la huelga de hambre que empezó el 21 de diciembre pasado, tras una visita de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, informó la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
"La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Venezuela nos informó que ingresaron a constatar el estado de salud del teniente Igbert Marín Chaparro y este decidió levantar la huelga al llegar a un acuerdo", indicó la organización en su cuenta de Twitter.
Asimismo, su abogado, Alonso Medina, indicó en la red social que las autoridades venezolanas se "comprometieron" a atender algunas de las demandas del militar, detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde marzo de 2018.
Previamente, Medina informó que a Marín Chaparro le hicieron este jueves un reconocimiento médico forense por parte de la Fiscalía General. Aunque hasta el momento desconocen los resultados del mismo.
"Recordemos además que el teniente coronel se encuentra recluido en los calabozos que se encuentran en la sede de la DGCIM. Los cuales, al día de hoy, son administrados por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios", señaló el abogado.
"VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES"
Recordó que Marín Chaparro denunció en "forma reiterativa" y desde su detención la "violación de los derechos fundamentales, las torturas, los tratos crueles de los que ha sido víctimas, la falta de atención médica oportuna, la violación al debido proceso".
Esas son las razones —prosiguió— por las cuales decidió empezar una huelga de hambre.
Medina indicó que tras 17 días en esta protesta, el teniente coronel perdió aproximadamente 6 kilos y que solo estaba recibiendo líquidos.
El abogado también protestó por la "poca eficiencia" que demostraron organismos nacionales como la Defensoría del Pueblo en este caso.
Marín Chaparro informó de su protesta a través de una carta difundida por la ONG Justicia Venezolana. En la que denunció que sufre "tratos crueles inhumanos y degradantes" en la DGCIM, donde se encuentra detenido desde marzo de 2018.
Además, pidió que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el encargado de negocios de la Unión Europea y el nuncio apostólico de la Santa Sede visiten "la casa de los sueños", nombre con el que se refiere a una celda de castigo.
En el país caribeño hay 252 militares procesados por razones políticas, de los que 180 están presos, según datos de Justicia Venezolana.
EFE
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