2001.com.ve | Nota de prensa
Desde 2001 hasta 2017 el Estado venezolano pasó de ser propietario de 74 empresas públicas a 526, cuatro veces más que las que tiene Brasil (130) y diez veces más que las que posee Argentina (52), consolidando una estructura que ha servido para el manejo discrecional y poco transparente de enormes sumas de dinero, en perjuicio de la nación y sus ciudadanos.
La consolidación de las Empresas Propiedad del Estado –EPE- fue precedida por los límites al derecho a la propiedad y libre empresa, la instauración del control de cambio y de precios, así como modificaciones a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Todo ello sentó las bases para que se desatara la hegemonía del Gobierno en todos los sectores, a partir de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, re-estatizaciones, renegociación de asociaciones estratégicas en el sector petrolero o de creación de empresas.
De acuerdo con los resultados de la investigación organizada por Transparencia Venezuela, que se concentró en ocho empresas en los sectores petróleo, manufactura, agroalimentario, financiero y eléctrico, las EPE arrojaron en 2016 pérdidas por Bs. 1,29 billones, cifra que superó el presupuesto de la nación en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social. Los casos más emblemáticos son los de PDVSA, con saldos negativos estimados en Bs. 775 millardos y Corpoelec con Bs. 149 millardos.
La estructura del Estado empresario “ha funcionado en un contexto de opacidad, débiles controles legales, ausencia de rendición de cuentas, cambios frecuentes en los órganos de adscripción y autoridades e impunidad, de tal manera que se puede afirmar que se preparó un arreglo institucional para la extracción de recursos por una élite, en términos de Acemoglu y Robinson (2012), y que explica el fracaso de los países”.
Los hallazgos de la investigación evidencian “la intención por parte del alto gobierno de procurar la captura del Estado, la apropiación de recursos públicos y el control político”, en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República, “elementos que son característicos de una cleptocracia”, sistema de gobierno en el que priva el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes de la nación. “Transparencia Internacional vincula este término con la gran corrupción y añade la impunidad como otro aspecto característico, que lamentablemente también está presente en Venezuela”, refiere el informe final.
Corrupción institucionalizada
De las 526 empresas públicas hasta ahora identificadas, 74% fueron adquiridas o creadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Se estableció que hay EPE en todos los sectores, no solo en los que son considerados estratégicos como energía, transporte, telecomunicaciones y agua. Están distribuidas de la siguiente manera: 25% son de manufactura; 13% de los sectores agroalimentario, ganadería y pesca; 12% petroleras; 7% son instituciones financieras; 7% de servicios; 6,5% de transporte; 5% de construcción; 5% de comunicación; 4% de minería y el resto de electricidad, agua, hoteles y hasta una empresa aeroespacial.
De las 526 empresas, 114 son filiales de PDVSA, aunque 42 de ellas no son petroleras. En un primer momento, la estatal petrolera actuó como la gran financista de la expansión del Estado empresario.
La investigación confirmó opacidad en la información pública de las EPE. “Solo se conoce el nombre del presidente o máxima autoridad de 24% de ellas; la estructura accionaria de 21% y la composición y miembros de las Juntas Directivas de solo 6% de las 526 empresas, por ejemplo”.
El proyecto de investigación determinó que el dominio estatal, a través de las EPE en sectores como el de alimentos, cemento, banca y gestión de importaciones, “ha sido utilizado para la creación de mafias de distribución en mercados paralelos, incluso el contrabando; mientras que ha afectado severamente la productividad del empresariado privado y limitado las opciones de compra de los ciudadanos en general.”
También a través de las EPE se ha aprovechado el acceso a divisas subsidiadas bajo monopolio del Gobierno.
El poder clientelar
El estudio determinó que en el año 2006 hubo un giro importante en la gestión de las empresas “encauzada al logro de intereses políticos electorales y de control social”.
“Otro rasgo pernicioso ha sido la sujeción de las EPE a los intereses del PSUV, manifestada en el crecimiento desmesurado de sus nóminas, como parte de una política clientelar y de protección de los activistas del partido”.
De acuerdo a los datos obtenidos, las EPE emplearon al menos a 440 mil 717 personas, “lo que representa el 5,6% de la población ocupada formalmente, según el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística en 2016”. Las empresas que reunían la mayor cantidad de trabajadores son PDVSA y sus filiales petroleras y no petroleras, seguidas de las de sector manufactura y las de electricidad.
También se evidenció la “distribución opaca y sesgada de sus productos hacia aliados o exigiendo lealtad, por ejemplo, de vehículos (Chery); electrodomésticos (Haier) y alimentos”. A lo que se suma el uso de recursos para campañas electorales “y la adopción de acuerdos de cooperación internacionales en condiciones desventajosas para el patrimonio de la Nación, pero favorables a los intereses del partido en este escenario”.
Auxilio financiero a manos llenas
Transparencia Venezuela determinó que la adquisición de tantas empresas ha sido una “pésima inversión” a corto y mediano plazo, pues los pobres resultados financieros registrados han obligado al Estado a inyectarles recursos desde el Presupuesto Nacional.
“El Presupuesto Nacional de 2017 le asigna a las EPE Bs. 592 mil millones, que representa 6,24% del total aprobado y, a través de créditos adicionales, han recibido Bs. 585 mil millones más, señala el informe de investigación.
De la cantidad de dinero que han administrado las EPE se tiene solo una aproximación, porque no todas las empresas publicaron sus presupuestos y los recursos que reciben no sólo provienen del Presupuesto Nacional y los créditos adicionales, sino que también reciben recursos de los fondos extrapresupuestarios existentes y del Banco Central de Venezuela, “de los cuales hay menos posibilidad de conseguir información completa y actualizada”.
En 2016, 256 empresas administraron Bs. 6,04 billones, de acuerdo al Presupuesto Nacional más créditos adicionales. Para 2017, el presupuesto original de las empresas aumentó 246% en términos nominales, alcanzando la cifra de Bs. 19,7 billones sin considerar el presupuesto de PDVSA, que no está incluido por cuanto no ha sido publicado.
“Todas las empresas han requerido auxilios financieros para funcionar, incluso PDVSA, la gran financista de la expansión del Estado empresario ha sido seriamente endeudada, lo que es coincidente con sus datos presupuestarios publicados en octubre de 2016, que estiman pérdidas de Bs. 775,4 millardos”.
En 2016, los sectores que manejaron mayor cantidad de recursos son “las instituciones financieras (42%) y empresas del sector manufacturero (11%), actividades en las que no está justificada la actuación del Estado.”
Se concluye que las inmensas sumas de dinero fueron ejecutadas “en el contexto de un laxo sistema jurídico de administración financiera, sin posibilidad de escrutinio público, sin controles internos ni de las instituciones de vigilancia externas. Para mayor gravedad, la ya debilitada obligación de rendir cuentas, en 2017 quedó abolida por completo a través de dos pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia, las sentencias 1 y 90 de 2017.”
Es de destacar que el estudio de casos “dejó en evidencia denuncias de corrupción vinculadas a malversación, peculado, sobornos, tráfico de influencias, clientelismo, nepotismo y corrupción política. De los ocho sectores analizados, han sido comprobados casos de corrupción en PDVSA, CAAEZ y CORPOELEC, lo que corrobora los altos niveles de impunidad, denunciados por organizaciones como Acceso a la Justicia (2017)”.
De color verde oliva
La investigación demostró que las EPE son usadas para favorecer a determinados grupos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) lo que ha desvirtuado su compromiso constitucional “para dirigirlo hacia la autoridad y el partido político de turno, que no ha representado los intereses superiores de la Nación”.
“En la muestra de 127 empresas de las que se conocen sus máximas autoridades, 30% tienen algún militar activo o jubilado en la junta directiva. Se trata de empresas importantes de los sectores agroalimentario, financiero, energía y las empresas básicas, empresas en las que se administran los mayores recursos”.
Destacan los casos de las empresas: Banco de Venezuela, Bolivariana de Puertos, Petróleos de Venezuela, Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la línea aérea CONVIASA, la empresa eléctrica CORPOELEC, la siderúrgica SIDOR, la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios que aglutina a todas las empresas del sector alimentario, Venezolana de Turismo que coordina un grupo importante de empresas hoteleras, entre otras. “Estas empresas son importantes, tanto por la cantidad de recursos de sus presupuestos como porque sus actividades forman parte de sectores económicos estratégicos”.
Los venezolanos, los grandes perdedores
De acuerdo a los hallazgos de la investigación la sociedad venezolana ha sido la gran perdedora en la apuesta del Gobierno por hacerse empresario, pues la mayoría de las empresas no han reportado beneficios al país, ni en dividendos, regalías o impuestos, ni mucho menos en bienes y servicios. “En relación a la promoción del desarrollo y el estímulo a la producción local, los datos del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante expresan una caída acumulada del 35% desde el último trimestre de 2013 hasta junio de 2017, mientras que los datos de balanza comercial reflejan mayor dependencia de las importaciones y disminución de la cantidad y variedad de productos de exportación”.
“La dramática crisis nacional, que desde 2016 se considera crisis humanitaria, es en parte responsabilidad de la pésima gestión de las EPE del sector manufactura, agroindustrial y comercial, pues el Estado venezolano cuenta con importantes fabricantes de los rubros básicos que escasean en el país y en vez de aumentar la producción de los mismos, la ha disminuido”.
El estudio señala que hay “serias deficiencias de cobertura y calidad en telecomunicaciones, transporte masivo, agua, vialidad, construcción de viviendas, producción y distribución de alimentos esenciales, suministros médicos, fármacos y artículos de higiene personal, que son bienes y servicios que inciden directamente en la calidad de vida de los venezolanos”.
2017-09-28