Nayzai Saavedra [email protected]
Algunos actores con experiencia en materia de seguridad están de acuerdo con que debe haber una modificación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional para que se den los cambios que mejoren la labor de estos profesionales y la situación de inseguridad del país.
El pasado 19 de mayo la Asamblea Nacional (AN) -la mayoría opositora- aprobó en primera discusión la norma.
Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, indicó que la actual legislación establece las intervenciones policiales, los directores no los designan los alcaldes y gobernadores, entre otros aspectos que son considerados como una falla a largo plazo.
“Es una ley completamente centralista que permitió el otorgamiento de credenciales de manera discrecional a cualquier cuerpo policial”, ilustró la diputada.
Descentralización. La norma privilegia la descentralización de los cuerpos de seguridad, “porque la única manera de prevenir el delito es dándole cumplimiento a las reglas de municipalización. Le devolvemos a los alcaldes y gobernadores la posibilidad de crear sus cuerpos policiales y de formarlos, convertir a los cuerpos policiales en cuerpos que sean completamente apolíticos y civiles, no militares”, consideró Solórzano.
Sobre la formación, se elimina que la Unes sea la única institución en la que puedan formarse, quedando como un núcleo para cursos de especialización, y se establece la gratuidad de la formación policial debido a que los alcaldes pagan cifras considerables.
Visibilidad. Por otra parte, se crea el portal de “Los Más Buscados”. En este sentido la diputada comentó que se sigue respetando todo lo que tiene que ver con el debido proceso, pero que se establece como necesario que los ciudadanos sepan quiénes son las personas más buscadas en el país.
Favoritismos. También se prohíbe que los políticos utilicen a funcionarios policiales como escoltas personales, tomando en cuenta que hay una regulación en el Código Orgánico Procesal Penal que no se toma en cuenta.
Hacinamiento. La legislación evita que se usen los calabozos de los cuerpos policiales como prisiones alternativas. “Entre 24 y 27 mil presos en los calabozos de los cuerpos policiales, prácticamente cortamos a la mitad de la población penitenciaria del país”, informó.
Sobre este punto, indicó que se recuperaría al personal asignado a resguardar presos en lugar de resguardar a las personas y sus bienes en las calles.
“Según la reforma de ley se contendrán en comisarías a las personas que estén únicamente en condiciones de arresto y eso tiene unas particularidades durante el tiempo que dura el proceso de presentación ante el tribunal. Del resto, tienen que estar en centros de privación de libertad”, aclaró la diputada.
Armamento. Con esta reforma, se le devuelven las armas que les fueron “arrebatadas” a los policías por medio de una resolución del Ministerio de la Defensa y que los ha dejado sin poder de fuego frente a una realidad que presenta a delincuentes que tienen en sus manos granadas y armas de guerra.
Explicó que en la actualidad hay una resolución del Ministerio de Defensa que dice que solamente se puede tener un revólver o una pistola de determinado calibre y una escopeta por cada 10 funcionarios.
“Esta reforma derogaría esta resolución, porque no hay manera real de que los funcionarios policiales puedan combatir el crimen así. Hay que establecer las regulaciones y eso sí se tiene que hacer mediante reglamentos”, compartió, recordando que a la gobernación de Miranda le quitaron más de tres mil armas de fuego que posteriormente fueron identificadas en manos de algunos colectivos armados irregulares.
La experiencia propone. Luis Godoy, criminólogo y exjefe de la División de Homicidios, de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), indicó que debe haber una diferenciación exacta y delimitada de las funciones de cada cuerpo policial, de manera que no haya dualidades de competencia.
También considera que debe haber una mejor clasificación sobre qué delitos debería trabajar un cuerpo de seguridad, y cuál debe ser competencia del Cicpc.
“No estoy de acuerdo con que la Policía Nacional trabaje delitos de drogas y antidrogas como investigación. Su competencia debería ser única y exclusivamente el patrullaje y la prevención en la calle”, consideró.
Por otra parte, cree que debe centralizarse la información; es decir, en cuanto a detención de individuos, procesados, detenidos por tribunales, vehículos recuperados, secuestros en vivo, para que sea compartida de forma coordinada. “En la Gran Caracas debe haber un call center del cual dispongan todas las policías, para que se planifiquen los cierres de ciudad o las capturas de los individuos que están cometiendo un delito”, explicó.
Hizo hincapié en la importancia de diferenciar los uniformes de las policías municipales porque en la actualidad se presta para confusiones.
Por último, destacó que los requisitos para la designación de los directores debe estar claramente establecidas en esta reforma. “La ley existe y indica que debe ser de carácter civil, y vemos como a la Policía Nacional la comanda un militar”.
Opina el experto. Por su parte, el criminólogo Javier Gorriño, aplaudió que se dirija la normativa a la descentralización, y que se devuelvan las armas a los policías.
“El mayor fallo actual es la centralización; desde Caracas se quiere manejar Tucupita y eso no es así. Cada uno cuenta con sus realidades y el alcalde que quiera hacer un buen servicio de policía está limitado porque todo tiene que pasar por el Ministerio”, ilustró Gorriño.
Resaltó que esta ley elimina las zonas de paz. “Las prohíbe taxativamente. No puede ha-ber zonas donde no pueda entrar la policía, donde no se puedan hacer operativos. Eso sí, cumpliendo en caso de allanamiento los requisitos de ley”, explicó.
El criminólogo Gorriño celebró que se le devuelva la competencia al Distrito Federal para que cree su policía, y que pueda colaborar con todos los entes policiales en el Área Metropolitana.
2016-07-29