Armando Altuve| [email protected]
“¡Y va caer, y va caer, esa Asamblea va caer!”. La consigna es repetida innumerables veces por los simpatizantes del oficialismo que, ataviados con indumentaria color rojo, acostumbraron a apostarse en cada una de las esquinas adyacentes al Palacio Federal Legislativo cada jueves y martes de sesión ordinaria en la Asamblea Nacional. Sus reclamos y quejas están dirigidos a los diputados de la MUD que, tras el revés político que sufrió el chavismo en las pasadas elecciones del 6D, son mayoría en el Parlamento. El motivo de las protestas es claro: la defensa de las leyes y las “conquistas del pueblo” que, a juicio de los manifestantes, han sido logradas durante los últimos 17 años. Quienes protestan afirman que los diputados opositores pretenden privatizar las normativas que les garantizan derechos que antes de la llegada de Chávez al poder les habían negado.
La crispación política y la contraposición de dos visiones diferentes de interpretar el camino y el destino de la gobernabilidad en el país se ha manifestado en el discurso vehemente de los simpatizantes. En ocasiones esa arenga visceral traspasa límites y se ha materializado en una acción violenta. Desde que se instaló la nueva AN, las denuncias de agresiones hacia diputados de oposición por presuntas personas afectas al oficialismo se han intensificado.
De la “tomatina legislativa”, ese evento en el que un grupo de manifestantes les arrojo a los diputados opositores y periodistas tomates al ingresar al Palacio Federal, se llegó a la arremetida en contra del diputado de la MUD, Carlos Paparoni, quien denunció haber sido agredido por varias personas, presuntamente afectas al chavismo. El parlamentario recibió un fuerte golpe en la cabeza con una botella que le produjo una herida que fue atendida, ante las cámaras, por su colega y médico José Manuel Olivares. La acción fue repudiada por diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) como Víctor Clark y Francisco Torrealba. “Hacemos un llamado a la paz y la tolerancia”, dijo Torrealba en aquella oportunidad al tiempo en que instó a la oposición cimentar la tranquilidad dentro del Parlamento.
Para Paparoni, quien salió ileso de la arremetida, el catalizador de las acciones violentas es la radicalización del discurso. “No puede ser que los ataques sean alentados por discursos que han apoyado diputados del oficialismo ─haciendo referencia a Héctor Rodríguez y Francisco Torrealba─ que instan a los manifestantes a tumbar la Asamblea Nacional y reiteran en sus palabras que los diputados de la Unidad somos los enemigos del Gobierno”, señaló el diputado, quien recientemente introdujo una demanda ante el Ministerio Público.
Esta agresión no fue la única registradas. Al presidente de la AN, Henry Ramos Allup, simpatizantes le arrojaron piedras mientras compraba en el Mercado de Quinta Crespo el pasado 9 de enero de 2016.
Otro hecho afectó al director de Comunicaciones y Estrategias de la AN, Oliver Blanco, a quien un grupo de personas lo golpeó mientras se dirigía a almorzar con dos compañeras de trabajo. “Luego de las agresiones pareciera que nada se puede hacer mientras que el Ministerio Público y el TSJ estén secuestrados por el Gobierno”, indicó Blanco, quien recordó que había publicado en sus redes sociales fotografías de los responsables. “Eran civiles, tenían armas y radios”, indicó.
¿Quién protege?
La presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, indicó que el resguardo de la seguridad de los parlamentarios y el personal que labora dentro de la AN es responsabilidad directa de los efectivos de la Guardia Nacional. En las ocasiones donde se presentaron hechos violentos, los legisladores indicaron que las autoridades no hicieron nada. Paparoni recordó que solo dos integrantes de la policía municipal de Libertador salieron a impedir el ataque de sus agresores. “En las afueras de la AN hay una guarnición de la GNB que desde la primera vez que ocurrieron estas faltas debían tomar acciones, pero solo han amparado a estos grupos violentos, en su mayoría ligados a la Alcaldía de Caracas”, dijo Blanco.
San Miguel explicó que los efectivos que incurren en omisión a su labor de resguardar la vida de los funcionarios públicos tienen consecuencias penales. “Si llegará a ocurrir un hecho con lesiones graves u homicidio habría una responsabilidad penal por omitir esos hechos. Los cuerpos de seguridad ya han debido asumir acciones para contrarrestar esos acontecimientos”, dijo. A juicio de San Miguel, la ausencia de protección ha obedecido a razones de “discriminación política”. “Los diputados son vistos como adversos al Gobierno y, ahora, se ha instaurado un patrón de conducta en las afueras del Palacio Federal que debe revertirse”, añadió.
El director de seguridad de la AN, Leonardo Mata, señaló que, pese a que los hechos han ocurrido bajo la mirada cómplice de la GNB, se han tenido conversaciones con las autoridades para velar por la seguridad en las afueras del Capitolio. “Se ha hablado permanentemente, pero lamentablemente parece que la zona de seguridad es aplicable a la oposición y no al Gobierno”, afirmó Mata, quien señaló que los simpatizantes no pueden hacer manifestaciones en las cercanías del palacio y deben estar alejados de a unos 250 metros de sus instalaciones.
Blanco explicó que la seguridad se ha resguardado dentro del palacio tras el incidente con las barras donde, según Ramos Allup, habrían ingresado personas armadas. Desde ese momento, las diferentes entradas al palacio se colocaron sensores de metales. En cuanto al ingreso de los diputados, se estableció una “logística” para garantizar su seguridad. “Cuando se le pregunta a los efectivos de la GNB por qué no actúan, nos dicen que siguen órdenes superiores”, remató Blanco.
2016-03-13