María José Martínez
La coordinadora de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, denunció que continúan las detenciones arbitrarias contra personas disidentes al Gobierno. Solórzano, quien ofreció un balance de las condiciones en las que se encuentran los detenidos por protestas, dijo que esta semana fueron privados de libertad tres jóvenes, en el estado Carabobo.
La diputada desmintió a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en días pasados aseguró que entre los apresados por protestar solo tres eran estudiantes. "Son 23 en total los jóvenes, y más de 100 el número de personas que están en la cárcel por su conciencia, no por cometer delitos señora fiscal. Usted no persigue a los delincuentes sino a los que piensan distinto".
Entre los casos destaca el de Ramsés Rodríguez, de 21 años de edad, señaló Solórzano, detenido en el sector El Valle, en Caracas, durante los allanamientos que se efectuaron en el mes de abril, y en los que también fue apresado el abogado Marcelo Croato.
El joven se encuentra recluido en el pabellón 4 de Rodeo III, en espera de la audiencia preliminar que se realizará el martes contra otras ocho personas más. Ese día también se llevará a cabo la audiencia contra Raúl Baduel y Alexander Tirado.
En compañía de la diputada el abogado de Rodríguez, Gustavo Croquer, expresó el joven fue privado de libertad de manera ilegal, pues "no existen pruebas en su contra. Lo único que tiene el fiscal son declaraciones de agentes sin testigos”, resaltó.
“A Rodríguez se le detuvo con una orden de allanamiento emitida seis días antes de que le practicara, y sin pruebas, hay muchas irregularidades y fallas inconstitucionales que legalmente obligan a declarar el sobreseimiento”, agregó
En la mayoría de las acusaciones contra las personas por manifestar, aseguró la diputada, resalta los mismos delitos y la figura de agentes encubiertos o del patriota cooperante que ha sido usado como único elemento de prueba.
Por ello la diputada exigió a los miembros del Consejo Moral Republicano, en especial a la fiscal y a la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, que revisen y atiendan las condiciones en las que se encuentran los detenidos en cárceles comunes, afectados por la falta de alimentos y agua. Además de las violaciones a los derechos humanos, tales como en el caso de Baduel y Tirado, quienes han denunciado tortura y tratos crueles inhumanos.
Al menos 2.452 personas se encuentran en libertad condicional, y en juicio, tras su participación en las protestas de 2014.