AVN
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, quien preside también Comando Nacional de Precios Justos, informó este lunes que se encuentran privados de libertad 15 personas por delitos de venta y especulación en Internet de productos básicos o regulados por el Estado.
Durante un balance ofrecido en transmisión de Venezolana de Televisión, desde el Puesto de Comando Presidencial del Palacio de Miraflores, en Caracas, Arreaza señaló que el Comando ha hecho seguimiento a los delitos de venta con sobreprecio y especulación, resultando 23 detenidos, 15 de ellos por ventas inescrupulosas en redes sociales.
Estas detenciones se han realizado con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de los entes de investigación "utilizando las mejores tecnologías que tenemos. Nada más en este momento hay cinco procedimientos en marcha sobre especulación en Internet", informó Arreaza.
El Vicepresidente acotó que la reforma de la Ley de Precios Justos permite abordar estos delitos electrónicos.
"Este Comando Nacional de Precios Justos continuará trabajando para proteger al pueblo", expresó Arreaza, al tiempo que llamó a los comerciantes a proteger la economía del país y el salario del pueblo. Destacó la importancia de la denuncia popular para hacer frente a los problemas de especulación, sobreprecios, boicot, acaparamiento, y lograr sanciones para quienes infringen en estos delitos.
"Le pedimos al pueblo acompañamiento, comprensión, que se incorpore en esta batalla para proteger el ingreso de los venezolanos, para neutralizar esta inflación inducida y los efectos nefastos de la guerra económica", que promueve la derecha para desestabilizar al país y generar malestar en la población, por medio del sobreprecio, acaparamiento y contrabando de alimentos y medicinas.
"Esas divisas (que otorga el Gobierno a empresario y productores) es un esfuerzo, un subsidio, del Estado venezolano para garantizar que los venezolanos tengamos acceso a esos bienes. Quien cometa infracciones con las divisas del pueblo podría ser sometido a la confiscación de los bienes, locales, cuentas y camiones y de todo lo que esté vinculado con ese delito en particular, como también quien revende los productos que están establecidos a precios justos", explicó Arreaza.
Para quienes cometan delitos de acaparamiento y especulación se establece prisión de 8 a 10 años, así como administrativas, que no sustituye una a la otra. En el caso de las sanciones administrativas no sólo será una multa a pagar en base a la Unidad Tributaria (U.T), sino que se contempla el decomiso del ingreso neto anual desde el 20 al 40%. "Cada delito tendrá su sanción correspondiente", dijo.