Nota de prensa
El Vicefiscal General de la República, Rafael González Arias, manifestó que ninguno de los órganos que conforman el Poder Público Nacional puede colocarse por encima de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así lo dijo en una entrevista concedida este miércoles 12 de julio transmitida por la emisora Éxitos 99.9 FM, en la que señaló que a su criterio, todas las decisiones “de cualquier órgano público tiene que pensar en la paz de la República, en la convivencia de los venezolanos, ahorrarle dolor al pueblo de Venezuela”.
En ese sentido, González indicó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “es un órgano que reiteradamente incurre en desviación de poder, que se aparta de los fines del Estado, para tal vez atender otros distintos a los constitucionales”.
“La Sala Constitucional, siendo la última intérprete de la Constitución, no puede nunca estar por encima de la misma. Las decisiones que tome deben ser para cumplir con los fines del Estado. Cualquier interpretación que haga tiene que ser para reforzar el ejercicio democrático de la voluntad popular”, dijo el Vicefiscal.
Acotó que ante la crisis institucional, económica y social que atraviesa el país los venezolanos esperan que los Poderes Públicos ofrezcan soluciones pacíficas y dentro del marco constitucional.
Por otra parte, rechazó que personas detenidas en manifestaciones sean juzgadas por tribunales militares, hecho que contradice el mandato constitucional, además considera necesario que los tribunales y fiscales militares que llevan ese casos declinen dichas competencias.
Desviaciones de poder
Señaló que el TSJ incurrió en desviación de poder al anular la actuación de la Asamblea Nacional y otorgar poderes extraordinarios al Ejecutivo, a través de las sentencias 155 y 156 emitidas por ese órgano; además de pretender designar a una Vicefiscal General de la República.
“Estamos ante una desviación de poder porque se está concentrando en una persona el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo”, expresó el alto funcionario, quien consideró este hecho como una alteración de la forma republicana del Estado prevista en la Carta Magna.
Agregó que los poderes otorgados por el TSJ al Presidente de la República incluyen “el poder penal y el poder legislativo, es decir, que podía ejercer la potestad punitiva”.
Recordó que esta situación fue denunciada el pasado mes de marzo por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, como una ruptura del orden constitucional.
González precisó que el otorgamiento de poderes extraordinarios al Jefe de Estado corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional por medio de una Ley Habilitante, en la que se establecen “límites severos a esta potestad legislativa sobre qué materias puede legislar el Presidente de la República, además le establece un tiempo para el ejercicio”.
Antejuicio de mérito
Sobre el antejuicio que se pretende seguir contra la Fiscal General, el alto funcionario lo calificó de “inconstitucional, arbitrario e ilegal” debido a que no se ha señalado en su contra la comisión de hechos punibles, no obstante, se dictaron medidas de coerción personal aplicables solo dentro de un proceso penal.
Resaltó que el único órgano facultado para declarar faltas graves cometidas por la Fiscal General es el Consejo Moral Republicano y que no se ha seguido el debido proceso correspondiente al caso.
“La Sala Plena ha actuado como Consejo Moral y como órgano jurisdiccional. Conoció de los supuestos hechos que constituyen falta grave, consideró que tenían indicios de veracidad y, por lo tanto ellos mismos activaron el antejuicio de mérito”.
Indicó que el TSJ también ha tomado competencias del Ministerio Público al solicitar medidas cautelares contra Ortega Díaz.
Reiteró que, según el debido proceso establecido en la legislación venezolana, corresponde al Parlamento considerar la desincorporación de la Fiscal General en caso de que el Consejo Moral Republicano declare alguna falta grave que amerite un procedimiento administrativo o penal en su contra.
Compromiso institucional
El Vicefiscal General comentó que se ha reunido con el personal de la institución que labora en las distintas sedes, con el fin de exponer acciones en defensa de la Constitución, ante la coyuntura actual del país.
“Puedo dar fe del compromiso no solo institucional, sino patriótico en la defensa de la Constitución, la independencia y autonomía del Ministerio Público y la democracia”.
Calificó como una violación al derecho de libre tránsito la anulación del pasaporte al director general de Actuación Procesal, Zair Mundaray, quien viajaba este miércoles a Argentina para representar a la Fiscal General en una reunión extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
2017-07-12