La Fiscalía General de Colombia acusó hoy formalmente a ocho militares de haber participado en el homicidio de un campesino en 2006, quien posteriormente fue presentado como guerrillero muerto en combate.
El ente acusador indicó en un comunicado difundido este jueves que un mayor, un sargento y seis soldados del Ejército Nacional tendrán que ir a juicio por los hechos registrados en zona rural del municipio de Vista Hermosa, en el departamento de Meta (centro-este).
De acuerdo con las investigaciones, los uniformados presentaron al hombre como guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abatido en un supuesto combate registrado en una zona conocida como Palmera, en el desarrollo de una operación militar denominada "Jericó".
La Fiscalía agregó en el texto que según testigos "la víctima fue sacada de la finca en donde vivía por los militares que lo retuvieron por tres días para, posteriormente, asesinarle y registrar en el informe de operaciones una supuesta muerte en combates con la guerrilla".
Los seis uniformados serán juzgados por ser los presuntos "coautores del homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada, falsedad ideológica en documento público y porte ilegal de armas".
Las ejecuciones de civiles por parte de militares en medio del conflicto armado que afecta al país, conocidas como "falsos positivos", empezaron a llamar la atención en 2008 cuando se estableció que unos jóvenes que fueron encontrados muertos y acusados de pertenecer a grupos armados ilegales eran desempleados y drogadictos.
Investigaciones de la Fiscalía señalan que dentro del Ejército operó una red dedicada a buscar a jóvenes para usarlos como "carne de cañón", con el objetivo de ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros caídos en combate.
Con esos "falsos positivos" los militares comprometidos en las irregularidades buscaban el reconocimiento de sus superiores y "premios" como días de descanso.
Según cifras oficiales, estos casos han dejado más de 3.000 víctimas en Colombia y al menos 1.622 investigaciones que involucran a casi 4.000 miembros de la fuerza pública. /DPA