Los abogados Javier Pipkin y Eddy Méndez solicitaron a la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijar la audiencia, para cerrar la demanda civil por abuso sexual que sufrió un estudiante a manos de un docente de la Escuela Campo Alegre (ECA), institución ubicada en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda.
De acuerdo a los representantes legales de la víctima, el caso guarda relación con prácticas de pedofilia masiva en 2009, por parte de William James Vahey, educador norteamericano que laboró en la ECA.
Desde donde realizaba un “receso de primavera”, el cual estipulada viajar a países centroamericanos durante cada Semana Santa, se reseña en nota de prensa.
Pipkin y Méndez explicaron que la audiencia en la Sala Social ha sido suspendida en dos ocasiones por diversas razones.
Según se pudo conocer este acto estuvo pautado para el 28 de julio y 29 de septiembre pasados.
Solicitud al TSJ
“El llamado que le hacemos a la Sala Social es a cumplir su compromiso con la justicia, con la sociedad venezolana; hace falta una sentencia ejemplarizante en este caso, nadie está por encima de le ley”, declaró Méndez, al tiempo de alertar sobre los efectos perversos que causa la pedofilia contra los niños y su grupo familiar.
“Necesitamos que la Sala Social fije fecha pronto para la celebración de la audiencia final, la justicia debe ser expedita; este es un caso con un retardo procesal exagerado”, acotó.
Méndez señaló que los juicios de Lopnna están diseñados para durar menos de un año y el presente ya va para ocho años.
Cronología del retardo procesal
Los hechos ocurrieron en 2009 durante un viaje a Costa Rica con alumnos de la Escuela Campo Alegre, donde acudió William James Vahey como docente enviado por la institución.
El sujeto trabajó en ese colegio privado entre 2002 y 2009.
Vahey pasaba por las habitaciones donde se alojaban los estudiantes y les ofrecía galletas rellenas con crema previamente mezcladas con potentes somníferos.
Era allí cuando Vahey aprovechaba para hacerles cualquier tipo de abusos. Además, les tomaba fotografías, las cuales fueron recopiladas en un pendrive personal, según investigaciones.
Casos al descubierto en Nicaragua
Para 2014, William James Vahey se radica en Managua, Nicaragua, donde trabajaba en un colegio similar a la Escuela Campo Alegre.
Una doméstica descubrió el pendrive y observó las fotos de los estudiantes drogados.
La mujer entregó el dispositivo de almacenamiento a la directora del colegio donde Vahey instruía clases, quien le llamó para que le explicara tal situación.
Vahey le admitió a su jefa que sí abusó de esos escolares, situación que venía practicando desde el año 1972 en los diversos colegios donde estuvo impartiendo clases, diseminados en cuatro continentes.
La directora del American Nicaraguan School entregó el pendrive al Buró Federal de Investigaciones (FBI) que tenía una oficina en la embajada de Estados Unidos ubicada en Managua.
A raíz de ello, el FBI publicó un cartel de alerta catalogando a Vahey como “el pedófilo más prolífico de la historia”.
Víctimas en Venezuela
En Mayo de ese mismo 2014, expertos del FBI viajaron a Venezuela y se reunieron con padres de 30 alumnos de la Escuela Campo Alegre.
Allí se les informó oficialmente que ese grupo de estudiantes estaban considerados como víctimas de abuso sexual.
En diciembre 2014, uno de los 30 muchachos abusados por Vahey interpuso una demanda ante los tribunales de Lopnna de Caracas.
Para sorpresa de los demandantes, esos tribunales no encontraron responsabilidad en la Escuela Campo Alegre y declararon sin lugar la demanda.
Por lo que en octubre 2021, la Sala Social del TSJ recibió el expediente de demanda proveniente del Juzgado Superior 3º de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas.
En ese contexto en noviembre 2021, representantes legales de la víctima formalizan ante la Sala Social del TSJ el recurso de apelación.
Solicitaron que se haga justicia y se declare a la Escuela Campo Alegre como la responsable del daño moral por ser la institución que contrató a William James Vahey.
Ante ello, en marzo 2022, la Sala Social admitió la participación de la Defensoría del Pueblo en el juicio.
Mientras que en Julio 2022, se declaró concluida la sustanciación del recurso de casación (apelación), “en consecuencia entra la causa en estado de fijación de audiencia”, dice la sentencia.
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