Stefany Izquiel
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció ayer que hubo excesos y errores por parte de funcionarios de seguridad en la masacre del Centro de Detención Judicial del estado Amazonas, hecho ocurrido el 16 de agosto pasado durante un motín, en donde murieron 39 reos.
El coordinador general del OVP, Humberto Prado, explicó que tras el “fusilamiento” de los 39 presos se han realizado cinco peticiones ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para que el caso sea investigado, pero ninguno de los entes ha respondido a las solicitudes.
Humberto Prado relató que, según la investigación realizada por el equipo del OVP, el Centro de Detención Judicial Preventiva de Amazonas fue tomado por efectivos del Faes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (Gric) y el Conas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), durante la madrugada del 16 de agosto, mientras se llevaba a cabo un motín organizado por los “pranes” de la cárcel, en la que participaron varios presos.
“Existen varios tipos de intervenciones en prisiones, pero nunca había visto que tomaran una cárcel en la madrugada”, expresó Prado.
El coordinador del OVP señaló que el operativo realizado en el centro de reclusión tuvo varios errores. En primer lugar, resaltó que la participación de cuerpos policiales, los cuales están preparados para la seguridad ciudadana, más no de la penitenciaria, fue el inicio de un “cúmulo de errores” por parte de los ente gubernamentales, quienes dirigieron la operación.
El segundo fallo, según Mario Alvarado, abogado y miembro del OVP, fue el “no esfuerzo” por evitar el enfrentamiento armado. “No realizaron ninguna solicitud de intervención a los representantes de la Iglesia Católica, Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía, quienes podían interceder por la rendición de los presos. Nunca tuvieron intención de dialogar para evitar las muertes”.
Alvarado contó que la tercera, y más grave de las faltas cometidas el 16 de agosto por parte de los efectivos de seguridad, fue el “brutal trato” que los funcionarios propinaron a los privados de libertad, quienes fueron amenazados con abusos sexuales, sometidos a simulacros de ejecuciones, desnudados y privados de los alimentos y agua, lo cual violó sus Derechos Humanos.
Atropellos y mentiras. A los familiares de los reclusos se les informó que los hombres estaban vivos, luego de que habían sido fusilados, según Josefina Payema, madre de uno de los reos asesinados. La dama contó que cuando intentaron ingresar al recinto carcelario, varias mujeres fueron golpeadas y detenidas.
“Mi nuera y mi hija menor de edad están bajo presentación por querer ver a mi hijo ese día mientras lo mataban”, destacó Payema.
Los reos ejecutados representan el 39% de la población carcelaria.
El obispo de Amazonas, Jhonny Reyes, señaló que tanto la masacre como el efecto de “silenciamiento posterior”, fueron premeditados por los autores intelectuales de la operación.
2017-11-21