EFE
La Fiscalía de Venezuela pidió que se excarcele y se juzgue en libertad al ciudadano estadounidense Jhosua Anthony Holt y a su esposa Thamara Belén Caleño, de nacionalidad venezolana, quienes fueron detenidos el 30 de junio de 2016 en una redada en Caracas por su supuesta posesión de varias armas de fuego.
Holt, un joven misionero mormón de Utah que había viajado a Venezuela para casarse con su novia, fue arrestado junto a ella dos semanas después de su boda, y el entonces ministro de Interior, Gustavo González López, dijo en televisión que en la redada se habían encontrado rifles y munición, una granada y mapas detallados de Caracas.
"El Ministerio Público solicitó medidas cautelares a favor del estadounidense Jhosua Anthony Holt (25) y su esposa Thamara Belén Caleño (25), en virtud del retardo procesal que presenta su caso, pues los mismos están acusados desde el 17 de agosto de 2016″, explica la institución en un comunicado.
Las autoridades relacionaron en su momento la detención de Holt con una operación contra un grupo paramilitar que había asesinado al político chavista Omar Jesús Molina Marín, y aseguraron que había pruebas de que el estadounidense trabajó con bandas criminales para socavar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La Fiscalía solicita ahora que los dos acusados "sean juzgados en libertad con medidas cautelares consistentes en presentación periódica y prohibición de salida del país", y requirió asimismo que se verifique el estado de salud del joven matrimonio.
La pareja está recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde están también presos algunos políticos opositores y activistas antigubernamentales.
Holt y Caleño se habían conocido por internet y vivían en la localidad caraqueña de Ciudad Caribia, fundada en 2006 como un proyecto de vivienda social del chavismo, mientras preparaban los documentos de la venezolana para obtener un visado estadounidense.
Tanto el Gobierno de Washington como los familiares del matrimonio han negado la veracidad de los cargos por los que fueron detenidos, y han pedido en repetidas ocasiones a Venezuela su puesta en libertad por problemas de salud.
La Fiscalía venezolana ha pedido en los últimos días la puesta en libertad de varios ciudadanos que siguen presos de forma irregular, algunos de ellos opositores encarcelados que son considerados presos de conciencia por organizaciones de derechos humanos.
Este cambio de actitud de la Fiscalía coincide con la ruptura de la fiscal general, Luisa Ortega, con el Gobierno de Nicolás Maduro.