EFE
Un fiscal paraguayo ha imputado y pedido orden de captura para tres campesinos por invadir un terreno cercano al lugar donde murieron 11 labriegos y 6 policías en 2012 en un enfrentamiento por la propiedad de la tierra, que provocó el cese del entonces presidente, Fernando Lugo, según informó hoy a Efe.
El fiscal José Zarza dijo que presentó cargos contra Martina Paredes, familiar de una de las víctimas de la matanza ocurrida el 15 de junio de 2012, contra Darío Costa y Mariano Castro por ser los "cabecillas" de un grupo de personas que ocupaban "simbólicamente" unas tierras en el distrito de Curugaty, departamento de Canindeyú, este del país.
La parcela ocupada pertenece a la empresa Campos Morombí, la misma que disputa judicialmente con el Estado la propiedad de la tierra donde se produjo el enfrentamiento entre civiles y policías de élite.
Campos Morombí pertenece a la familia del político del oficialista Partido Colorado Blas N. Riquelme.
Los imputados, que ocupaban la finca número 72 de la empresa, deberán presentarse en un juzgado antes de mañana para no caer en "situación de rebeldía", según Zarza.
El fiscal declaró que cuando hoy visitó la zona los ocupantes ya no estaban.
"Esta mañana fui y no había nadie en el sitio, dividieron en parcelas (el terreno) a unos 800 metros o un kilómetro de la ruta, cavaron pozos para instalarse, hicieron una plantación simbólica, pero en una propiedad ajena cuyo título de propiedad corresponde a Morombí S.A.", explicó.
Por la masacre de 2012 están acusados 11 campesinos acusados de invasión de inmueble ajeno, organización criminal y homicidio doloso, de los que 5 continúan presos de forma preventiva y 6 en prisión domiciliaria hasta que se celebre el juicio, mientras que ningún policía ha sido procesado por los hechos.
La defensa denuncia, por su parte, que el fiscal de ese caso, Jalil Rachid, alteró pruebas y violó el proceso legal de la investigación.
La matanza desembocó una semana después en un juicio político a Lugo en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.
Los imputados por Zarza permanecían en un precario campamento al lado de la carretera, junto con otros compañeros, para presionar por la liberación de sus compañeros.