DPA
El Sindicato de Maestros con Participación Comunitaria (Simeduco), de El Salvador, denunció hoy que más de 1.200 maestros han solicitado el traslado de los centros educativos donde laboran debido a que han recibido amenazas de muerte y están siendo extorsionados por grupos pandilleriles.
En El Salvador, el fenómeno pandilleril es uno de los más graves y generadores de violencia incontrolada, según recientes estudios publicados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) han registrado también, en lo que va de 2013, 28 asesinatos de estudiantes y de cuatro maestros.
Francisco Zelada, secretario general de Simeduco, dijo a la prensa local que, de las 5.100 escuelas que existen en El Salvador, “no hay una que no sufra del flagelo de la extorsión”.
El agremiado asegura que “no hay maestro que no sea extorsionado en el país”. Entre 30 a 50 dólares mensuales son las sumas que las pandillas piden a los educadores. En épocas de festividad, esa cifra puede ascender a 200 o 300 dólares.
Muchos de los niños que asisten a las escuelas son hijos de pandilleros, hecho que potencia la intimidación hacia los educadores cuando estos se resisten a regalarles notas a hijos de pandilleros o por impedir que se cometan ilícitos en las aulas como la venta de droga o el reclutamiento de menores, según la denuncia.
Lo que más preocupa a los maestros es que las juntas de padres de familia que tienen conocimiento del pago que recibe cada educador filtren la información salarial a los pandilleros y que esta sea utilizada para chantajearlos.
Los profesores aseguran que no hay excusas que valgan para evitar dar la renta a las pandillas del sector, sin que sean amenazados de inmediato, informó Zelada.
La situación de inseguridad en los centros educativos es una problemática que cada día afecta a ese país. Los educadores manifiestan que buscan el apoyo de las instituciones de seguridad para desarrollar su labor en un ambiente de tranquilidad.
Ante las amenazas y extorsiones de las que los educadores son objeto, Simeduco ha solicitado a los diputados que aprueben un decreto que autorice el traslado de los maestros que han sido amenazados a muerte o que son extorsionados, siempre y cuando sean razones bien justificadas.
"Ya se envió la propuesta para garantizar la vida de los maestros y el derecho al trabajo. Además, para revivir el principio humanitario de la clase de maestros", explicó Zelada.