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La policía guatemalteca desalojó violentamente a pobladores del municipio de San José el Golfo y San Pedro Ayampuc, 15 kilómetros al este de la capital, de un campamento de resistencia instalado hace más de dos años contra la excavación de una mina en su territorio.
El bombero voluntario Mario Cruz dijo que varias unidades fueron enviadas al lugar. "Nos han reportado heridos que vamos a trasladar a hospitales de la ciudad", dijo Cruz. Al menos 25 personas entre pobladores y policías fueron atendidas y trasladadas a hospitales por las heridas, dijeron los bomberos.
Yolanda Orquelí, una de las activistas líderes de la comunidad, responsabilizó al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y al presidente Otto Pérez Molina por los heridos y las consecuencias del desalojo.
"Nosotros vamos a seguir en la resistencia, esta lucha no lo hemos perdido. Hacemos responsables al presidente y al viceministros por lo que nos pueda suceder, aquí hubo mujeres y niños, mujeres con sus labios rotos, vestidos quemados y un sinfín de heridos" dijo Orquelí.
La activista, sobreviviente de un atentado dijo entre lágrimas que temen por su vida y su libertad pues la policía permanece en el lugar.
Mientras cientos de mujeres, hombres y niños rezaban, cantaban himnos cristianos y suplicaban a la policía, sentados de frente a ellos, que no ingresen al lugar, la policía en formación llegó e ingreso custodiando maquinaria de la mina El Tambor.
Jorge Chinchilla, vocero de la policía dijo que la orden que tiene la policía es resguardar el orden en el lugar, y confirmó que iban custodiando la maquinaria a petición de la empresa.
Las fotografías de medios locales muestran a policías lanzando gases lacrimógenos a la población.
Al grito de "No a la minería, sí a la vida" la población se resiste a que el proyecto minero Progreso VII Derivada en la mina el El Tambor, realice excavaciones por temor a que contamine su territorio.
En la zona se cree que hay plata y otros minerales.
El campamento de resistencia de La Puya ha sido escenario de varios incidentes que en han dejado heridos y pérdidas materiales, durante enfrentamientos entre pobladores y policías, en la lucha de los primeros de evitar que ingrese maquinaria de las mineras al lugar y en reclamo a consultas de buena fe para que se establezca si la población quiere o no minería en sus territorios.
Unas 150 personas protestaban al final de la tarde frente al Ministerio de Gobernación en el centro histórico de la capital guatemalteca en contra del violento desalojo.