La plataforma Monitor de Victimas reportó 787 homicidios ocurridos en las entidades de Caracas (Distrito Capital), Lara y Táchira. Los mismos serían consecuencia de diversos enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado y las organizaciones de crimen organizado durante el año 2021.
Un equipo de investigadores visitó diariamente las morgues de estos estados para contabilizar los casos y registrar características de las muertes. Asimismo, entrevistaron a familiares de víctimas, testigos de los crímenes y fuentes policiales, para verificar detalles de los hechos.
Según el Monitor de Víctimas, la principal consecuencia de este tipo violencia son los homicidios de civiles, los cuales en muchos casos, no están involucrados con grupos armados estatales y no estatales que se enfrentan.
Los eventos también dejaron una larga estela de víctimas colaterales, como niñas, niños y adolescentes huérfanos. Además de familias que pierden el sostén económico del hogar.
Las secuelas psicológicas y emocionales de vivir expuestos a la violencia armada y a constantes violaciones a los derechos humanos son otra consecuencia de estas acciones.
Masacre de La Vega y tiroteos en la Cota 905
Los cuerpos de seguridad del Estado son los principales responsables de los homicidios en Lara y Caracas, donde se les atribuye la responsabilidad en 46 % y 34 % de los casos. La mayoría de estos son el resultado de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
En Caracas, hubo dos incidentes que marcaron un repunte significativo en los homicidios: la masacre de La Vega (enero de 2021), y la intervención policial en la Cota 905 (julio de 2021) reseña el Monitor de Víctimas.
Ambos hechos fueron protagonizados por las fuerzas de seguridad. Familiares de las víctimas y habitantes de las comunidades denunciaron ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales.
En La Vega, los investigadores lograron conocer la identidad de 15 personas que murieron a manos de los cuerpos de seguridad. La finalidad del procedimiento policial era, supuestamente, evitar la expansión de la megabanda de “el Koki”.
Este grupo armado que controla, desde 2014, al menos cuatro parroquias de Caracas: Santa Rosalía, El Valle, Coche y El Paraíso.
El operativo del mes de julio en la Cota 905 también estaba orientado a la captura de los miembros de la megabanda de “el Koki”. Esto luego de que se rompiera un presunto pacto que tenían con funcionarios del gobierno desde 2017. Ese acuerdo se creó para reducir los secuestros y controlar la criminalidad en los territorios bajo su control.
Varios miembros de la organización criminal murieron en los enfrentamientos, mientras que los líderes lograron huir.
La intervención policial se prolongó por tres días, afectó siete parroquias de Caracas y dejó 37 personas muertas.
Los proyectiles de los tiroteos llegaron a tres kilómetros de distancia de la Cota 905, y las balas perdidas alcanzaron a personas que regresaban a sus hogares en unidades de transporte público, a amas de casa que estaban en sus viviendas, transeúntes y vendedores informales.
Cicpc encabeza lista de ejecuciones en dos estados
En el estado Lara, la policía fue el principal victimario, y su accionar estuvo principalmente orientado a la persecución de la banda de “Santanita”.
Aunque el número de homicidios cometidos por la fuerza pública se redujo un 16%, estas muertes representan 46% de los casos de homicidios en esa entidad, lo que resulta alarmante.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) figura entre los dos entes de seguridad con más casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales, en Lara y Caracas.
Con información de Monitor de Víctimas.
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