Armando Altuve| [email protected]
A quienes visitan el Cementerio General de Sur de Caracas les parece estar en una especie de película de terror. Después de pasar por la capilla, ubicada en la entrada, e ir transitando por las calles aledañas a los sepulcros, el panorama, a la vista, no resulta apreciable: urnas abiertas en medio de la vía, maleza, basura y escombros en los alrededores de los túmulos e incluso imágenes religiosas rotas y fracturadas. Al poco mantenimiento que recibe el camposanto se le suma la acción de grupos dedicados a profanar los panteones y extraer los restos humanos y así irrumpir el descanso eterno de los muertos.
Hace 15 días aproximadamente José Saturnino Rodríguez caminó entre ataúdes desvalijados y escombros para llegar al panteón de su familia González Arias cuando llevó sus manos a la cabeza y se percató de que la tapa de mármol de la tumba de su hermana y su sobrino habían sido abiertas. Al acercarse notó que los restos de sus familiares no estaban. "Hemos perdido tanto los valores y la moral en esta sociedad que no se respetan ni a los muertos", soltó consternado.
Pero no es la primera vez que él y sus familiares han enfrentado un asalto a las tumbas y terrenos que tienen en el cementerio. José Saturnino relató que el año pasado dos panteones de la familia Arias Marrero fueron profanados. El primer ultraje ocurrió durante el mes de mayo cuando los profanadores se llevaron los restos de sus primos y, posteriormente, en septiembre los de su abuela Angelina. El reciente sacrilegio fue la gota que hizo derramar el vaso y llevó a José Saturnino a redactar una carta que consignó ante el Concejo del Municipio Libertador. En la misiva, de apenas una cuartilla, descansa el sentimiento de molestia y consternación que embarga a sus parientes y exige soluciones al problema y la captura de los responsables del delito.
Secreto a voces
En el camposanto de 246 hectáreas el espacio no solo está a merced del descuido, sino de la impunidad. En el documento, José Saturnino expresó que ante las profanaciones acudió a las oficinas del cementerio, ubicadas en la entrada, para reclamar por el asalto hacia las tumbas; pero la respuesta de las autoridades ha sido esquiva. "Siempre dicen que no pueden hacer nada. La última vez que fui me dijeron que no podían tomar denuncias acumuladas", dijo.
Las profanaciones en el Cementerio General del Sur es un secreto a voces. Una situación que se encrudece en medio de la mirada de los efectivos policiales y demás autoridades. El concejal del Municipio Libertador, Aixa López, estima que actualmente cerca de 40% de las tumbas han sido profanadas y asoma que desde que asumió el cargo como concejal, en enero de este año, ha recibido en su despacho cerca de 40 denuncias. Añade que hoy han sido asaltadas hasta las tumbas de los sacerdotes y congregaciones religiosas.
El presidente de la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Cabildo Metropolitano, CarlosGuillermo Arocha, indica que las tumbas han sido violentadas por grupos dedicados a comercializar los huesos humanos, cuyo precio depende de la pieza, para ritos y santería y por vándalos que buscan objetos de valor que las personas les dejan a los fallecidos. López también asoma que existen personas que también venden los huesos y cráneos a estudiantes de medicina para sus prácticas. Tanto Arocha como López responsabilizaron al personal de las autoridades del Cementerio General del Sur y al alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, por la recurrencia de estas acciones ilegales.
Denuncian que los familiares también desean que sus tumbas estén en el mismo estado en el que se encuentran la de personajes de chavismo como Lina Ron y Eliécer Otaiza, Robert Serra incluso el monumento "Mártires del 27F", ubicado diagonal a la capilla.
En el pasado, el panteón de personajes tan connotados de la historia venezolana como Joaquín Crespo también fue saqueado, pero aún no hay responsables pese a que el Ministerio Público abrió una investigación. En julio del año pasado, trascendió que el MP había imputado al menos 7 personas incursas en el delito de profanación, el cual es sancionado con prisión de seis meses y tres años, según el artículo 171 del Código Penal.
Tal vez la dilación en la resolución de los casos es lo que lleva a José Saturnino a desconfiar en la Fiscalía. No ha consignado denuncias ante el organismo aunque espera que a través del Concejo Municipal de Libertador consiga alguna solución. Mientras eso ocurre le toca andar con precaución.
"Ahora los domingos, que va más gente, iremos en grupo", indicó José Saturnino, quien aseguró que por reparar el daño en el panteón de su familia los obreros del cementerio le pedían 60 mil bolívares.
"No pagamos nada y decidimos arreglar la tumba entre nosotros", indicó.
"El Cementerio General del Sur es el fiel reflejo de la crisis del país", señaló.