El incremento de las intervenciones estéticas en el país genera nuevos desafíos sanitarios. Muchas personas buscan mejoras físicas, pero muchos centros operan al margen de la ley. Los riesgos crecen de forma alarmante cada año y decenas de pacientes sufren complicaciones graves tras el quirófano. Ante este panorama, las autoridades reciben denuncias constantes y los afectados exigen respuestas rápidas, aunque el proceso judicial demanda pasos rigurosos.
Diversas fiscalías del Ministerio Público y comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) procesan en el país las denuncias formales por presunta mala praxis en cirugías estéticas, tras registrase un incremento de pacientes afectados por lesiones graves y procedimientos ejecutados en centros clandestinos que carecen de permisología sanitaria oficial.
Autoridades sanitarias y jurídicas recalcaron que la mala praxis no solo abarca el resultado estético adverso, sino la violación de protocolos de bioseguridad, el uso de materiales no aprobados y la ausencia de un consentimiento informado real donde se adviertan los riesgos verdaderos al paciente.
La primera instancia para formalizar una denuncia es el Ministerio Público. El ciudadano afectado debe consignar un escrito formal de denuncia; el expediente debe incluir informes médicos detallados y pruebas fotográficas. Posteriormente, el Cicpc ejecuta las experticias técnicas e interroga al personal de salud. La investigación recopila las historias médicas, récords operatorios y cualquier documento probatorio de la presunta negligencia médica cometida.
Otra vía fundamental es el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (Sacs). Este organismo inspecciona los establecimientos médicos y verifica sus permisos de funcionamiento y licencias vigentes. Muchos centros carecen de unidades de cuidados intensivos o equipos adecuados, una falta grave ante la ley. Ante estas irregularidades, la institución aplica sanciones y clausura a los infractores. Los ciudadanos pueden reportar estas fallas a través de sus canales oficiales para resguardar la salud pública.
Especialistas del gremio médico señalan que una de las principales causas de lesiones graves y muertes por supuesta mala praxis recae en el intrusismo profesional, es decir, médicos generales o profesionales de otras ramas que realizan intervenciones quirúrgicas invasivas sin poseer la subespecialidad certificada en cirugía plástica, operando además en centros de salud que carecen de unidades de cuidados intensivos y permisología sanitaria reglamentaria.
El Colegio de Médicos regional también participa en las sanciones. Sus tribunales disciplinarios evalúan la conducta ética del galeno y revisan sus títulos universitarios y credenciales. Varios falsos especialistas ejercen la cirugía de forma ilegal. Ante este peligro, las sociedades científicas alertan sobre la importancia de acudir solo a cirujanos plásticos certificados. Los pacientes deben verificar estas credenciales antes de entrar al quirófano.
La prevención es la herramienta más eficaz contra la mala praxis. Los expertos recomiendan investigar la trayectoria del médico tratante y confirmar su afiliación gremial. Toda intervención quirúrgica debe realizarse en clínicas equipadas, pues los apartamentos y centros estéticos carecen de permisos para operar. Además, el paciente debe exigir un presupuesto detallado y firmar el consentimiento informado sobre los posibles riesgos. La salud demanda máxima precaución y responsabilidad.
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