Redacción 2001
Un grupo de agricultores en Higuerote, municipio Brión, del estado Miranda denuncian que los propietarios del desarrollo habitacional Puerto Encantado están deforestando las tierras continuas, atentando contra los parceleros de La Guapa "A", debido a que se están interviniendo tierras que son estrictamente de vocación agrícola.
"Esta práctica temeraria del desarrollo en cuestión pretende apropiarse de manera compulsiva del parcelamiento ya identificado, dejando a los parceleros en estado de indefensión", advirtieron en un documento entregado a la Asamblea Nacional, en el mes de febrero.
Daño ecológico. Los parceleros indicaron que se deforestó el ramal de la laguna La Reina -un humedal marino costero- teniendo como consecuencia la muerte de especies protegidas de manera estricta -como el caso del manglar- por la Ley de Bosques y la Ley Penal del Ambiente.
También denunciaron el deterioro de los humedales adyacentes de las lagunas, lugar de descanso de aves migratorias, y de las especies autóctonas de la zona.
Alertaron que en la actualidad están dragando para desviar el río del pueblo hacia el desarrollo residencial, lo que está afectando directamente el ecosistema, y la salud de los cocodrilos.
"Es un grave delito que deforesten el parque protegido como monumento natural laguna de La Reina", manifestó uno de los denunciantes.
En este sentido, citaron el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ambiente -numeral 7- en donde se resalta que los derechos ambientales prevalecen sobre los derechos económicos sociales, limitados en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Afectación
Indican que de no detenerse esta deforestación arbitraria, los parceleros de la zona corren el riesgo de que, en caso de emergencia por inundación, se vean afectados en los sembradíos que han puesto en marcha.
"Plantaciones que con mucho sacrificio estamos tratando de fomentar para contribuir con la Soberanía Alimentaria, en ayuda al Gobierno con la crisis que actualmente está pasando en el país", manifestaron en el documento destinado a la AN.
Argumentos
Los parceleros citaron el artículo 5 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que hace referencia a que las tierras privadas quedan sujetas al cumplimiento de la función social de seguridad alimentaria de la nación; y el artículo 17 -numeral 4- que habla sobre la permanencia de los campesinos en tierras privadas que trabajan, aunque no sean de su propiedad.
Informaron que en el parcelamiento agrícola de "La Guapa A" cuentan con la adjudicación de las tierras emitida por el Instituto Nacional de Tierras, en concordancia con el artículo 68 de la Ley mencionada anteriormente: "Se declaran de utilidad pública o interés social, las tierras con vocación de uso agrario, las cuales quedan sujetas a los planes de seguridad agroalimentaria de la población".