2001.com.ve | Ingrid Bravo Balabú
Multas que oscilan entre las 20 y las 100 Unidades Tributarias (UT), además de cárcel de ocho a cuarenta y cinco días son algunas de las sanciones previstas en el ordenamiento venezolano contra aquellos que agredan y maten un animal.
Los artículos 71 al 73 de la Ley Para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio establecen multas para todos aquellos que torturen, causen dolor o mutilen a un animal. El objetivo del instrumento jurídico, sancionado en 2010, es proteger a estos seres indefensos de agresiones o abandono.
El Código Penal Venezolano va más allá e incluye la privativa de libertad para quien incurra en la muerte de un animal y así lo establece en el apartado 478. “El que sin necesidad haya matado un animal ajeno o le haya causado algún mal que lo inutilice, será penado por acusación de la parte agraviada, con arresto de ocho a cuarenta y cinco días. Si el perjuicio es ligero, podrá aplicarse solamente multa hasta por ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.).Si el animal tan sólo hubiere disminuido de valor, la pena de arresto será, a lo más, de quince días o la multa, de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.) como máximum”, reza el texto.
Adicional a este instrumento de carácter nacional, se suman las ordenanzas aprobadas en diferentes concejos municipales del país, como es el caso de Guaicaipuro y Carrizal, en el estado Miranda, que contaron con los aportes de defensores de animales.
El caso trascendió
El maltrato se puso en el tintero nuevamente luego de la agresión de tres adolescentes contra un cachorro en el estado Carabobo, ataque que generó repudio no solo de proteccionistas, sino de ciudadanos en general, quienes pidieron aplicar todo el peso de la ley.
El gobernador de la entidad, Rafael Lacava, se unió a las voces de rechazo y adicional a ello, adoptó al pequeño can, un mestizo negro que, tristemente, se hizo famoso después de que sus atacantes lo lanzaran en un tobo repleto de agua, para después meterlo en una lavadora.
La representante de la Fundación de Amigos Proteccionistas de Animales (Famproa), María de los Ángeles Arteaga, también lamentó el hecho, pero rescató que la difusión visibilizara la agresión y se establecieran las responsabilidades inherentes al caso. “Lo rescatable es que salió a la luz pública y no hubo impunidad, pero hay otros casos que quizá no se sepan porque hay gente que no maneja redes sociales. El llamado es a denunciar y no permitir el maltrato animal”.
Lamentó que en el hecho registrado en Bejuma, estén involucrados jóvenes de 17, 13 y 12 años. “Esa actitud es preocupante. Muchos de los casos de asesinos en serie en el mundo empezaron agrediendo a animales”, añadió.
Agregó que no solo los golpes o tortura pueden considerarse maltrato, e indicó que el abandono, también lo es. “Hemos conocido casos horribles, como el de un hombre que prendió a una perrita con gasolina porque se comió una empanada, o el de unos perros abandonados en un galpón encerrado a los que hemos tenido que darles comida por un hueco en una de las puertas. Sin ir muy lejos, también está el caso penoso de los futbolistas que en Maracaibo torturaron a un gato”, recordó.
Llamado a los padres
Arteaga pidió a los representantes no inculcar el odio contra los animales. “Entiendo que hay personas que no le gusten los animales, pero los padres deben enseñar el valor del respeto a sus hijos, para que no ataquen a estos seres indefensos. Ellos también sienten”, dijo.
Casos emblemáticos
Los futbolistas David Barrero y Eduín Quero torturaron un gato en Maracaibo y difundieron las fotografías del hecho a través de las redes sociales. Ambos fueron expulsados del equipo al cual pertenecían.
Un perro recibió palazos y fue abandonado en un contenedor de basura, en 2013. El responsable de este hecho fue identificado como Deivis Rojas, quien fue procesado por maltrato animal en el estado Zulia. Este es el primer caso que pasa a la fase de juicio por esta causa en el país.
Una pequeña perrita llamada Cross murió a manos de un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) durante el allanamiento a un apartamento en el conjunto residencial Los Verdes, en El Paraíso, en 2017.
2019-09-17
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