Elías santana
En noviembre de 1958, a meses de la caída de la dictadura, se fundó la primera asociación de vecinos en Venezuela. Se trataba de la comunidad de Horizonte, ubicada en el, hoy, Municipio Sucre, en Caracas. En 2018, se cumplieron 60 años del inicio de las asovecinos en el país ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Cuáles son los retos de las asociaciones de vecinos para sus próximos años?
¿Están eliminadas o prohibidas las asociaciones de vecinos? ¿Van a ser sustituidas por los consejos comunales? Estas dos preguntas son muy frecuentes actualmente en las comunidades del país.
¿Son legales? Lo primero es que las asociaciones de vecinos no necesitan estar expresamente mencionadas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para existir y estar organizadas dando respuestas a los problemas de su comunidad.
Aunque, es pertinente decirlo, deberían estar mencionadas, pues en la anterior Ley Orgánica de Régimen Municipal estaban plasmadas con todo detalle. Lo importante es que simplemente con los derechos que nos otorgan la Constitución y el Código Civil las asovecinos pueden actuar y cumplir su misión.
¿Están eliminadas? Lo segundo es que el ámbito y la misión de las asovecinos no coliden, ni compiten o son sustituidos por los del consejo comunal.
Pueden y deberían cooperar y coexistir. De hecho muchas leyes hablan de los consejos comunales y de otras formas de organización comunitaria, allí entran las asociaciones de vecinos. La experiencia de Facur.
Después de la de Horizonte, durante los años sesenta se fundaron asociaciones, pero eran llamadas de propietarios o de residentes (el término asociación de vecinos tomaría cuerpo en los setenta). No pasaron de 20 en toda la década.
Pero a comienzos de los 70 empezaron a reunirse, motivadas por la falta de respuesta por parte de los municipios. Así nació, en 1971, la Federación de Asociaciones de Comunidades Urbanas (Facur).
Leer hoy el documento fundacional permite constatar el carácter visionario de los pioneros: solicitaban que se cumpliese el mandato constitu- cional de dotar a los municipios de una ley propia (meta que lograron en 1978), que se separasen las elecciones municipales para que no fuesen arropadas en la larga lista de las “tarjetas chiquitas” (objetivo alcanzado en 1979) y la personalización de las elecciones de concejales, para conocer a los candidatos.