El Gobierno de Nicolás Maduro se ha metido de lleno a la tarea de desenrollar el conjunto de normas que rigen el cada vez más enredado control cambiario en Venezuela con medidas temporales que buscan combatir desabastecimiento y agilizar importaciones pero que siguen sin resolver el problema de fondo.
La semana pasada, el vicepresidente Jorge Arreaza anunció varias medidas para flexibilizar el control cambiario que rige en el país desde hace más de 10 años como la disminución de los trámites administrativos para conseguir los dólares, que monopoliza y distribuye el Estado.
Las nuevas disposiciones, que buscan simplificar la entrega de divisas, se enmarcan en el recién lanzado por Maduro Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía y han llegado con la vista puesta en las fiestas navideñas y las compras de fin de año, que lucen cuesta arriba en medio de una inflación que ya es de 32,9 %.
Bajo el sistema del control de cambios, empresarios y particulares acceden a las divisas a través del principal mecanismo de canje, la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), instancia por la que se da un dólar a 6,30 bolívares con trabas de diversa índole, en cantidades limitadas y tras engorrosos trámites.
Ese valor es muy inferior al que se paga en el ilegal mercado paralelo donde el precio llega a ser hasta nueve veces superior, según dijo a Efe el economista y presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.
Para el analista, las medidas anunciadas son positivas pues tratan de reducir la burocracia para facilitar a los importadores su actividad, "lo que siempre puede ser positivo en una crisis de abastecimiento".
Sin embargo, para León esta flexibilización temporal "es lo mismo que echarle sal de trufas a una carne podrida" pues la enfermedad de la economía venezolana se debe a la negativa de devaluar de manera significativa para ajustar la moneda a un tipo de cambio "más real".
El Gobierno ha tratado de saciar la sed de divisas a precio oficial con otras herramientas como el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), creado en marzo para ofertar moneda en subastas, pero que sólo ha abierto cuatro pujas en poco más de seis meses.
Para Francisco Martínez, vicepresidente de Fedecámaras, la principal patronal venezolana, el problema fundamental que genera desabastecimiento en el país es precisamente la ausencia de un sistema cambiario que permita a los empresarios obtener las divisas "de forma constante y fluida".
Martínez celebró las medidas temporales pero recordó a Efe que por lo general el empresariado se enfrenta "a una serie de trámites burocráticos que están deteniendo toda la planificación de la cadena productiva".
En ese sentido, aseguró que el Gobierno tiene identificadas estas trabas en virtud del diálogo abierto recientemente entre ambos sectores.
"El tema fundamental es que para nosotros, la economía y el país no puede seguir con este tipo de medidas de emergencia", señaló, afirmando que el empresariado quiere mantener el diálogo con el Gobierno para lograr un consenso en torno a un modelo económico nuevo que genere empleo e impulse la productividad.
En medio de toda esta situación, el economista y diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jesús Farías declaró recientemente que en el país se pondrá en marcha próximamente "un esquema cambiario adicional" que se manejará con un canje superior al oficial.
Explicó que con este sistema se podrá bajar la tasa de cambio del dólar paralelo "a un nivel muy inferior" y aseguró que el mercado negro ya no será el punto de referencia de la economía venezolana, una medida que permitirá al Gobierno hacer frente a la "guerra económica".
Mientras tanto, Maduro ha insistido en los últimos meses en que hay una "guerra económica" dirigida por la oposición venezolana con el apoyo de Estados Unidos que explica el desabastecimiento y genera "una inflación incontrolada", discurso que ha mantenido incluso después de flexibilizar los controles.
En consonancia con esa postura, el Gobierno creó hace dos semanas el Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía Venezolana con el fin de "neutralizar todos los factores que sabotean la vida económica".
Además abrió la línea telefónica 0-800 SABOTAJE para que el "pueblo" denuncie a los saboteadores. EFE