La Organización no Gubernamental Conciencia y Dignidad llevó a cabo en el Gran Salón del Hotel Paseo Las Mercedes en Caracas, el segundo Foro denominado: “Los Derechos Fundamentales y el Debido Proceso en relación a los delitos cometidos por los venezolanos en el exterior”.
Según el abogado Sergio Aranguren, “Esta nueva asamblea sirvió para darle una mejor claridad y una mejor visión a los magistrados del Tribunal Supremo que son la voz multiplicadora del pueblo que necesita una presencia activa en los procesos judiciales”.
Dicha organización busca promover el conocimiento de las leyes que amparan a los connacionales en el extranjero. Según estadísticas de la organización, existen más de 2.000 venezolanos que viven fuera de nuestro país a quienes les están cercenando todo tipo de derecho a la defensa y a la participación directa en conocer el motivo por el cual están siendo juzgados, informaron a través de una nota de prensa.
Asimismo, Aranguren aseguró que países como Estados Unidos, Inglaterra y España, con los que Venezuela tiene convenios internacionales, no informan a los ciudadanos venezolanos que han cometido delitos en el exterior, para que estos sean asistidos por las embajadas o consulados.
| “Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa" |
“Se está rompiendo el esquema de igualdad. Les están soslayando los derechos constitucionales y no les dan la oportunidad para que ellos judicialicen y exista el debido proceso en una investigación”, acotó.
Señaló que si una persona no está debidamente notificada no puede llevarse a cabo un proceso judicial “si las pruebas no son llevadas en forma idónea, lícitas, transparentes, judicializadas y el estado no participa que se está haciendo una investigación, entonces esa prueba es totalmente ilícita”.
En el marco de este evento se resaltó que el artículo 49 de la Constitución Nacional ampara la defensa y la asistencia jurídica como derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso. El texto expone: “Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir al fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley”. Art. 49
Asimismo, Aranguren informó que fue interpuesta ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad del artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal. Asegura que es confuso. “La mayoría de los venezolanos que se mantienen en el exterior están desasistidos del poder político, económico y social. Nosotros queremos que se anule ese artículo y que se reforme como tal para darle así la mejor transparencia y la mejor visión al venezolano”, precisó Aranguren.
El artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal, trata el principio de extraterritorialidad y expresa lo siguiente: “En las causas por delitos cometidos fuera del territorio de la República, cuando el proceso pueda o deba seguirse en Venezuela, será competente, si no existe tribunal designado expresamente por ley especial, el que ejerza la jurisdicción en el lugar donde está situada la última residencia del imputado o imputada; y; si este o esta no ha residido en la República será competente al del lugar donde arribe o se encuentre para el momento de solicitarse el enjuiciamiento”.
La ONG Conciencia y Dignidad fue creada en el 2004 con el objetivo de defender los derechos humanos y hacer valer a todo venezolano sus derechos e intereses, así como la negación de otros; Y, además, como un instrumento de apoyo a lo expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De igual manera, lucha para que aquellos venezolanos que hayan cometido delitos de fraude, de estafa, de terrorismo, de narcotráfico o de legitimación de capitales tengan el apoyo del Gobierno Nacional y exista un cambio de paradigma del modelo jurídico internacional.
Esta iniciativa contó con la participación de Henry Roberts, Presidente de la ONG Conciencia y Dignidad; del Embajador, Abogado e Internacionalista, Julio César Pineda, el Diputado José Ávila, la Directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Mercedes Berthe y los abogados Luis Manuel Marcano y Sergio Aranguren.
2014-08-11