AVN
Funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos reforzarán las labores de fiscalización durante la Semana Santa, a fin de garantizar que los establecimientos comerciales se ajusten a lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos, que prevé un margen de ganancia de máximo 30% sobre las estructuras de costos para todas las actividades económicas en el país, así como evitar la especulación de la venta de boletos en los terminales de pasajeros.
Así lo dio a conocer este miércoles el coordinador del referido ente en el estado Aragua, Nelson García, desde un punto de información instalado en la Autopista Regional del Centro en el que se informa a los conductores acerca del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae), que se activó el pasado 31 de marzo.
Resaltó que en la entidad aragüeña están activados unos 30 funcionarios de la Superintendencia en todos los sitios de interés turístico, velando por el cumplimiento de la normativa de Precios Justos, para que las personas no sean víctimas de la especulación.
"La Superintendencia de Precios Justos se encuentra desplegada en todo el territorio nacional. Acá instalamos un punto y entregamos material informativo sobre el Rupdae y aprovechamos para invitar a las personas que ejercen alguna actividad económica que se inscriban, para unificar criterios en la economía", agregó en pase de Venezolana de Televisión.
Recordó que los ciudadanos pueden plantear sus denuncias a través de los números telefónicos 0800 RECLAMA y 0800 SABOTAJE.
Este instrumento legal, dictado por el Ejecutivo Nacional en enero pasado para promover el desarrollo armónico de la economía y enfrentar la guerra económica de la derecha, establece severas sanciones para delitos como especulación, acaparamiento y contrabando.
También ordena a la Superintendencia que elabore el Rupdae, que será público y accesible a todos los particulares.
Todos los que desarrollen actividades económicas en el país deberán inscribirse y mantener sus datos actualizados, lo que será un requisito indispensable para realizar actividades económicas y comerciales en el país, señala el artículo 22 del instrumento legal.
El plazo para la inscripción es de 180 días hábiles y quienes incumplan se exponen a multas de entre 200 y 5.000 unidades tributarias.
Miércoles, 16/04/2014