Un juzgado de la capital del Salvador notificó a siete militares en situación de retiro los delitos que les imputa el Ministerio Público por su presunta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, ejecutado por un comando del ejército en 1989, cuando ellos ocupaban altos mandos dentro de la Fuerza Armada.
El Salvador
El expresidente Alfredo Cristiani, que gobernó el país de 1989 a 1994, y el exdiputado de la Asamblea Legislativa, Rodolfo Parker, también vinculados a la matanza, no se presentaron ni enviaron a sus abogados, al igual que mayor Carlos Camilo Hernández Barahona, informó a la AP el miércoles el Ministerio Público.
No obstante, en la lista de imputados también aparecen los coroneles René Emilio Ponce y Francisco Elena Fuentes, ya fallecidos. Así como el coronel Inocente Orlando Montano, quien ya cumple una condena en España por la matanza.
Del mismo modo, en septiembre de 2020, un tribunal español condenó a Montano a 133 años de prisión. Esto por la muerte de cinco sacerdotes jesuitas españoles durante la sangrienta guerra civil.
En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, los militares ingresaron al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y asesinaron a cinco jesuitas españoles. Entre ellos el ideólogo de la llamada “Teología de la Liberación”, Ignacio Ellacuría, además de un jesuita salvadoreño, la cocinera y la hija de esta.
A su vez, el exjefe de la Fuerza Aérea, general en situación de retiro, Juan Rafael Bustillo, en breves declaraciones dijo ser un hombre responsable. “Y por eso he venido aquí, para que todos tangan conocimiento que yo no me ando escondiendo”, así lo expresó.
Por otro lado, el Ministerio Público presentó una acusación contra el expresidente Cristiani y el exdiputado Parker. En esa apoca desempeñó como asesor jurídico del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Y, además, contra 11 altos mandos militares de la época a los que se vincula con la autoría intelectual en la matanza. La decisión de encausar a los supuestos autores intelectuales resultó luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su decisión de reabrir el caso.
A Cristiani lo acusan de la responsabilidad penal por omisión en el caso de la masacre. Mientras que Parker es señalado por los delitos de fraude procesal y encubrimiento. Los dos fueron citados para el martes, pero no asistieron, ni sus abogados.
Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas
Según un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó los crímenes cometidos durante la guerra civil de 1980 a 1992, “existe plena prueba de que el Licenciado Rodolfo Antonio Parker Soto, miembro de la Comisión de Honor (de la Fuerza Armada) alteró declaraciones para ocultar las responsabilidades de altos mandos en el asesinato”.
Cristiani salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno. Se especula que vive en Italia. El exmandatario ha negado cualquier implicación o conocimiento del plan para matar a los sacerdotes.
Se desconoce el paradero del exdiputado Parker, quien habría salido del país después de concluir su periodo legislativo el 30 de mayo de 2021.
El MP
El MP acusa a los señalados de los delitos de asesinato en modalidad de comisión por omisión. Y también cómplice en el delito de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo, hurto calificado, fraude procesal y encubrimiento personal.
Según la Comisión de la Verdad, “existe sustancial prueba” que el entonces coronel Ponce, un día antes de la matanza, en presencia y confabulación con el general Bustillo, el entonces coronel Juan Orlando Zepeda y los coroneles Montano y Helena Fuentes, “dio la orden al coronel Guillermo Benavides dar muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría, sin dejar testigos”. El informe detalla la participación del resto de militares.
En un juicio considerado poco transparente, el coronel Guillermo Benavides, dos tenientes y cinco soldados del batallón elite Atlácatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.
En su informe la Comisión dela ONU considera que es injusto que el coronel Benavides siga encarcelado, “mientras que los autores intelectuales de los asesinatos, y quien dio la orden de asesinar, sigan en libertad”.
AP
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