El patrimonio relacionado con el cantante colombiano Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, vuelve a quedar bajo la lupa de las autoridades. Esta vez, una decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la extinción de dominio de seis inmuebles vinculados al artista, dentro de la sentencia emitida contra diez exintegrantes del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El conjunto de propiedades tiene un avalúo superior a 23.775 millones de pesos colombianos. La medida no surgió de un proceso independiente contra el cantante, sino que está incorporada en una sentencia de 209 páginas relacionada con la estructura paramilitar y con las investigaciones sobre el origen y manejo de determinados bienes que habrían estado vinculados a sus recursos.
Los inmuebles que quedaron bajo la decisión judicial
Entre las propiedades alcanzadas por la extinción de dominio aparecen dos locales comerciales del Centro Comercial Oasis, en Girardot, además de dos lotes urbanos ubicados en Guamo y Lérida, en el departamento del Tolima. También figuran la Hacienda Guamal, localizada en San Luis, y otro terreno con mejoras situado en Girardot.
Uno de los locales del Centro Comercial Oasis representa la mayor parte del avalúo: según la información difundida a partir del fallo, ese inmueble está valorado en 15.840 millones de pesos. La cifra explica una parte considerable del valor total atribuido a los seis bienes afectados por la decisión.
La resolución se conoció dentro de la sentencia que la Sala de Justicia y Paz emitió contra diez antiguos integrantes del Bloque Tolima. El expediente judicial aborda, entre otros aspectos, la estructura y las fuentes de financiación de esa organización, así como las investigaciones adelantadas durante años sobre propiedades que podrían haber tenido relación con recursos de origen ilícito.
¿Por qué aparecen propiedades relacionadas con Charlie Zaa en este proceso?
Las autoridades comenzaron a examinar la posible relación de determinados inmuebles con el Bloque Tolima a partir de declaraciones entregadas por antiguos integrantes de esa organización durante los procesos de Justicia y Paz. Una de las líneas investigativas buscó establecer si algunos bienes habían sido adquiridos o desarrollados utilizando recursos procedentes de esa estructura.
Los documentos judiciales muestran que una de las propiedades investigadas en Girardot había sido relacionada con Charlie Zaa en versiones entregadas ante las autoridades. La Fiscalía realizó distintas diligencias para establecer el origen de los recursos y la eventual relación de los inmuebles con integrantes del grupo armado.
El expediente también ha mencionado a Diego José Martínez Goyeneche, conocido como alias “Daniel”, señalado como uno de los integrantes de la estructura investigada. De acuerdo con la información publicada sobre el fallo, las autoridades analizaron mecanismos mediante los cuales determinados recursos habrían sido trasladados o invertidos en propiedades a través de terceros.
Charlie Zaa ha rechazado los señalamientos
La posición del cantante ha sido contraria a las acusaciones. En declaraciones anteriores, Zaa negó haber servido como testaferro de integrantes de las AUC y sostuvo que el patrimonio construido durante su trayectoria artística tiene un origen lícito. También ha manifestado que está dispuesto a entregar la documentación que permita esclarecer el origen de sus bienes.
En julio de 2026, después de que la Fiscalía avanzara con medidas sobre otras propiedades relacionadas con el artista, Zaa reiteró públicamente su defensa de la presunción de inocencia y afirmó que continuaría atendiendo los requerimientos de las autoridades. La investigación sobre su eventual relación con el Bloque Tolima constituye un asunto distinto de la decisión patrimonial adoptada sobre los seis inmuebles.
El caso ya había tenido otro episodio en 2026
El nuevo fallo llega después de que, durante julio, se conociera otra actuación sobre propiedades relacionadas con el artista. En esa oportunidad, la Fiscalía informó sobre medidas cautelares que involucraban cuatro bienes y un avalúo superior a 45.467 millones de pesos. Entre los inmuebles mencionados figuraban un centro comercial, dos discotecas y un hotel.
Ese procedimiento fue parte de una investigación orientada a determinar si esas propiedades tenían relación con recursos provenientes del extinto Bloque Tolima. La diferencia entre los 45.467 millones mencionados en aquella actuación y los 23.775 millones correspondientes a los seis bienes del fallo actual responde a que no se trata exactamente del mismo conjunto de propiedades, por lo que ambas cifras no deben presentarse como si representaran un único patrimonio afectado.
Con la decisión más reciente, los seis inmuebles quedan sujetos al mecanismo de extinción de dominio y su destinación estará vinculada al Fondo para la Reparación de las Víctimas, de acuerdo con el marco de Justicia y Paz. El objetivo de este mecanismo es que los bienes obtenidos o vinculados a estructuras criminales puedan contribuir a las medidas de reparación establecidas para quienes fueron afectados por el conflicto armado.
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