A catorce días del suceso en el Jet Set en Santo Domingo, La legendaria discoteca, templo del merengue y escenario de íconos del entretenimiento que colapsó mientras se presentaba Rubby Pérez, uno de los artistas más queridos del país, el mundo sigue consternado y a la espera de la justicia para los 231 fallecidos y más de 180 heridos.
Su hija, Zulinka Pérez, fue la primera en expresar su descontento y percepción ante la tragedia: “No fue un accidente. Fue abandono, corrupción, falta de supervisión y negligencia. Perdimos no solo a mi padre, perdimos la confianza en quienes debían cuidarnos”.
Desde entonces, la comunidad artística y el mundo del espectáculo han denunciado públicamente la tragedia, una de las más duras fue la cantante Tokisha quien dijo que: “No fue un accidente”, sino el resultado de “una cadena de negligencias” y pidió investigaciones para que “los empresarios que abren puertas sin tener condiciones mínimas” enfrenten consecuencias, “esto es lo que pasa cuando se permite operar a cambio de sobornos o conexiones, y al final, lo que se está vendiendo es la seguridad del ciudadano” reseñó El País.
Otros artistas que se se sumaron fueron Eddy Herrera y Milly Quezada, quienes solicitaron una investigación transparente y justicia para las víctimas Asimismo, fue creado un fondo de apoyo a los familiares, impulsado por figuras del entretenimiento que han ofrecido conciertos benéficos.
En respuesta a la tragedia, la Procuraduría General de la República inició una investigación para determinar las causas del colapso y establecer responsabilidades legales, no obstante, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) está Ilevando a cabo un estudio técnico para evaluar las condiciones estructurales del edificio, cuyos resultados se esperan en aproximadamente tres meses según reporta Cadena 3 Argentina.
En el caso de que el propietario de la discoteca, Antonio Espaillat, sea culpable de "homicidio involuntario, el empresario podría enfrentar una pena de entre seis meses y dos años de prisión según expertos legales, sin embargo, en el caso de agravantes, la pena podría aumentar hasta cinco años.
La tragedia ha dejado al país en duelo y ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y reforzar las normas de seguridad en establecimientos públicos para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
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