Un juez boliviano envió hoy a prisión a los dos diputados bolivianos supuestamente implicados en la violación de una empleada en la Asamblea del departamento de Chuquisaca, informó hoy una fuente judicial.
El juez René Conde ordenó la detención preventiva de los diputados Javier Humana y Domingo Alcibia en la cárcel de San Roque, en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional de Bolivia, confirmó a Efe por teléfono el fiscal de Distrito de la región de Chuquisaca, Fernando Pacheco.
Los diputados fueron trasladados a la cárcel al concluir la audiencia cautelar, que duró casi seis horas.
Humana y Alcibia están acusados de los delitos de uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado por su presunta participación en la violación de una empleada durante una fiesta celebrada en la Asamblea de Chuquisaca en diciembre pasado.
La Fiscalía ha justificado que aún no investiga la agresión sexual como tal debido a que el código penal boliviano establece que sólo la víctima puede iniciar este proceso presentando una denuncia verbal o escrita, lo que en este caso no ha ocurrido.
El caso salió a la luz la semana pasada cuando varios medios de comunicación bolivianos difundieron una grabación de las cámaras de seguridad de la Asamblea regional, que habían registrado la violación de la mujer, quien se encontraba aparentemente ebria.
La mujer que aparece en el vídeo era empleada de la limpieza en la Asamblea chuquisaqueña y, según han informado los medios, su contrato no fue renovado el pasado 31 de diciembre.
Entretanto, los diputados acusados pertenecían al partido del presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), del que fueron expulsados tras conocerse estos hechos.
Alcibia y Humana aseguraron hoy ser inocentes y que la oposición les tendió una trampa, informó la agencia estatal ABI.
Por el caso también fue detenido el informático de la Asamblea de Chuquisaca Raúl Waldo Daza, quien ya ha prestado declaración sobre su trabajo como responsable de las grabaciones.
El caso ha provocado una gran polémica en Bolivia, donde el presidente Morales censuró la semana pasada lo ocurrido y calificó los hechos de "inaceptables".
La Defensoría del Pueblo y organizaciones feministas también han condenado el suceso y exigieron a las autoridades una investigación efectiva para que los responsables no queden impunes. EFE