Un grupo de autodefensa puso fin hoy a la toma de una ciudad de 20.000 habitantes después de un pacto con las autoridades que incluyó la destitución de un jefe policial, en la más reciente manifestación de la fuerza de esas agrupaciones que han proliferado en México.
Cientos de hombres armados se retiraron esta mañana de Tierra Colorada, en el sureño estado de Guerrero, unas 24 horas después de haberse apoderado de la localidad y detenido a 12 policías municipales y seis civiles a los que acusaron de formar parte o colaborar con el crimen organizado.
Los detenidos fueron entregados anoche a las autoridades y están sometidos a detención provisional como parte de un acuerdo en que la procuradora (fiscal) de Guerrero, Martha Elva Garzón, se comprometió a dar con los responsables del asesinato, el pasado lunes, del "comandante" Guadalupe Quiñonez, del grupo de autodefensa.
Bruno Plácido, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de la que forma parte la agrupación armada, consideró el asesinato de Quiñonez como "un reto de la delincuencia organizada en contra de nosotros".
Entre los policías entregados está el jefe de la Policía Municipal de Juan R. Escudero, Óscar Ulises Valle, a quien el movimiento comunitario acusó de colusión con los criminales.
Como parte del acuerdo con los líderes del movimiento la alcaldesa de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez, ofreció poner a consideración del cabildo la destitución de Valle, moción que fue aprobada y entró en vigor ayer mismo.
El "comandante" Ernesto Gallardo dijo a Efe por teléfono que al menos 2.000 integrantes del movimiento se retiraron la madrugada de hoy de Tierra Colorada, sede del Gobierno municipal de Juan R. Escudero y ubicada entre la capital estatal, Chilpancingo, y el turístico puerto de Acapulco, en el Pacífico mexicano.
"Los policías (comunitarios) se retiraron y se dejaron de hacer operativos. Vamos esperar esta semana para ver los resultados de la Procuraduría (en cuanto al esclarecimiento del asesinato de Quiñonez); de lo contrario regresaremos", advirtió.
Desde enero nuevos grupos de autodefensa han operado principalmente en la región de la Costa Chica de Guerrero, donde han detenido a decenas de presuntos delincuentes en los municipios de San Marcos, Copala, Ayutla de los Libres, Tecoanapoa, Cruz Grande y ahora Juan R. Escudero.
Tales grupos, surgidos del hartazgo de muchas comunidades asoladas por la delincuencia organizada y la incapacidad de las autoridades encargadas de brindar seguridad, operan con una gran tolerancia por parte de los Gobiernos tanto locales como nacionales.
La proliferación de estos movimientos reclama "oficio político, diálogo", dijo en febrero pasado el subsecretario de Normatividad de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez.
El funcionario explicó que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto intentará que los ciudadanos que han optado por agruparse en "estas organizaciones de autodefensa se les encauce hacia el espacio adecuado para que pueda la participación ciudadana colaborar con los esfuerzos del Gobierno y que cada uno tome su lugar".
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha rechazado la formación de estas agrupaciones irregulares.
La Comisión "no niega ni minimiza el hecho de que la aparición de los grupos de autodefensa responda a un acto desesperado de la población por las omisiones del Estado en materia de seguridad pública", indicó el organismo autónomo en febrero pasado.
Al mismo tiempo, expresó su preocupación "por la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección que quebranten la estabilidad de las instituciones, debido a que existe una línea muy tenue entre esas organizaciones y los grupos paramilitares".
Esa advertencia del organismo defensor de los derechos humanos cobró fuerza el pasado 7 de marzo, cuando el Ejército Mexicano capturó a 34 miembros de un supuesto grupo de autodefensa, señalados como presuntos sicarios de la delincuencia organizada que opera en el estado de Michoacán, colindante con Guerrero.
Fuentes del Ejército señalaron a los 34 hombres como presuntos integrantes de un grupo armado afín a la organización del narcotráfico denominada Cartel Nueva General de Jalisco, que mantiene una fuerte disputa con el cartel de los Caballeros Templarios, los cuales controlan la producción y tráfico de drogas en Michoacán. /EFE