El Tribunal Constitucional de Portugal declaró ilegales varias medidas de ahorro aplicadas por el gobierno de centroderecha del primer ministro Pedro Passos Coelho.
Tras más de tres meses de debates en Lisboa, los jueces decidieron que cuatro medidas del presupuesto 2013 son inconstitucionales.
El fallo complica la situación en el país en crisis, miembro de la eurozona, que se comprometió con la Unión Europea (UE) a implementar un duro programa de ahorro.
Passos Coelho convocó para mañana a su gabinete a una sesión de emergencia. El gobierno debe hallar otros caminos para cumplir con las promesas hechas a Bruselas para reducir el déficit presupuestario.
El tribunal declaró inconstitucionales los recortes a la paga extra de vacaciones a funcionarios, empleados del servicio público y jubilados, así como la reducción de la ayuda al desempleo, entre otros.
Según estimaciones del diario online "publico.pt" el fallo implica que en el presupuesto fiscal se debe contemplar un gasto adicional de unos 1.300 millones de euros.
Los jueces también declararon el año pasado discriminatorias y, por lo tanto, inconstitucionales, varias medidas de ahorro previstas en el presupuesto 2012.
A raíz de ello, el gobierno decidió en el siguiente presupuesto recortes aún más drásticos.
En contra de las medidas de austeridad para 2013 no sólo se manifestaron los partidos izquierdistas de la oposición, sino también el presidente Aníbal Cavaco Silva, que pertenece al mismo partido conservador liberal PSD que el primer ministro.
El jefe de Estado justificó su queja diciendo que el presupuesto despertaba "dudas fundadas de la justicia del reparto de las víctimas".
Mientras se esperaba el fallo de los jueces, los medios especularon que el fracaso del programa de ahorro podría causar la caída del gobierno.
Cavaco Silva rechazó estas especulaciones. El gobierno está totalmente legitimado para permanecer en funciones, dijo. En Portugal no habrá elecciones anticipadas, indicó.
En 2011, Portugal recibió de la "troika", integrada por la UE, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, un paquete de ayuda por 78.000 millones de euros.
A cambio, el país más pobre de Europa occidental tuvo que comprometerse con los acreedores a implementar una drástica política de ahorro para reducir el déficit fiscal y sanear las finanzas del Estado./DPA