El Gobierno luso empezó a estudiar este lunes dónde cortar el gasto social para que la troika libere otro tramo de su rescate, mientras seguía envuelto en la polémica por el dictamen del Tribunal Constitucional contra sus medidas de austeridad.
Portugal recibió en marzo el respaldo a la marcha de su programa de ajustes por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión y el Banco Central europeos, que forman el trío de organismos que concedieron y vigilan el cumplimiento del rescate financiero tramitado hace ahora dos años.
Pero la decisión del Constitucional de anular varios de los recortes del presupuesto de 2013 obliga a volver a dar explicaciones a los organismos internacionales, que han decidido bloquear la concesión del próximo tramo de su ayuda, de 2.000 millones de euros.
El país ha recibido durante los dos primeros años de asistencia financiera -que expira en 2014- el 87 % del rescate, pero todavía precisa fondos de la UE y el FMI para asegurar el regreso a los mercados de deuda a largo plazo de forma progresiva.
La dificultad para el Gobierno conservador, reside ahora en decidir a qué áreas restará los 1.300 millones de euros que compensan las medidas anuladas por el Constitucional, una vez descartada la subida de impuestos.
El primer ministro, Pedro Passos Coelho, anticipó ayer que sanidad, educación, Seguridad Social y empresas públicas sufrirán los ajustes y los ministerios afectados empezaron hoy a analizar cómo recortar presupuesto.
Pero en opinión de algunos expertos, como el economista Sandro Mendonça, profesor de la Escuela de Negocios ISCTE de Lisboa, el problema para Portugal no es tanto el volumen de dinero implicado sino el escaso margen que hay para profundizar en la austeridad.
"En esos sectores ya se ha recortado bastante durante los dos últimos años y volver a disminuir el gasto puede entrar otra vez en colisión con el espíritu de la Constitución", señala Mendonça en declaraciones a EFE.
Los 1.300 millones de euros, confirmados hoy por miembros del Gobierno, que debe compensar Portugal, equivalen a un 0,8 % del valor total de su economía y a una décima parte del déficit público con el que cerró 2012 (6,4 % del PIB).
En los medios abundan hoy los comentarios que acusan al Gobierno de "dramatizar" las consecuencias del fallo del Constitucional y sacar a relucir, como hizo el domingo, el riesgo de un segundo rescate financiero, un escenario que Mendonça todavía no considera próximo y cree evitable.
Portugal "ha cumplido con lo acordado", sostiene, y "son las previsiones de la troika las que no se han alcanzado", por lo que el país gana capacidad para negociar los intereses y vencimientos de la ayuda.
Mucho más drástico en el análisis fue hoy Antonio José Seguro, líder del principal partido de la oposición, el Socialista (PS) que acusó al Gobierno de "intentar engañar" al país con sus nuevos recortes e insistió en renegociar el rescate.
El secretario general del PS, hizo una solemne alocución al país -que recordó la realizada el domingo por el primer ministro Pedro Passos Coelho- en la que enumeró una lista de acciones para sacar a Portugal de "la espiral de recesión y desempleo".
El Tribunal Constitucional "no es el culpable" de los riesgos financieros con los que amenaza Passos Coelho, subrayó Seguro, sino el Gobierno, que con sus recortes presupuestarios "no ha respetado la Constitución por segunda vez consecutiva y ha violado el principio de igualdad".
Sin embargo, la agencia de calificación de riesgo Fitch consideró hoy en un informe que la decisión del Constitucional sí supone "un revés" para las metas fiscales de Portugal y "genera gran preocupación".
En los mercados, la crisis presupuestaria hizo bajar la bolsa de Lisboa el 1,39 % -aunque lleva en esa tendencia dos semanas- mientras el interés de la deuda lusa a diez años subía hoy al inicio de la sesión pero repetía al final el cierre del viernes, del 6,4 %. /EFE