El golpe judicial más duro contra el entorno político del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya es una realidad firme. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España emitió una histórica sentencia unánime en la que condena al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a una pena de 24 años de cárcel, mientras que a su exasesor e implicado principal, Koldo García, le impuso 19 años de prisión.
La resolución judicial da por probado que el exministro y su asesor de máxima confianza operaron como una auténtica organización criminal, reseñó La Cadena SER.
Según el fallo de los siete magistrados, ambos utilizaron la autoridad, la influencia y la estructura del Ministerio de Transportes durante los meses más críticos de la pandemia de la COVID-19 para desviar millonarios contratos de emergencia.
El binomio del poder y las millonarias coimas
La sentencia detalla cómo funcionaba la "correa de transmisión" del delito dentro del ministerio.
El comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama, pagaba una cuota mensual de 10.000 euros durante dos años a cambio de favores políticos directos.
A través de esta alianza irregular, la empresa Soluciones de Gestión recibió contratos a dedo por el orden de 12,5 millones de euros en mascarillas para entes públicos como Adif y Puertos del Estado.
Los magistrados acreditaron que, por destrabar y asegurar estas compras de emergencia, el exministro Ábalos exigió una comisión personal de 2 millones de euros, mientras que su asesor Koldo García percibió 500.000 euros.
El entramado de corrupción no solo involucró dinero en efectivo, sino un abanico de lujos costeados por la red: financiamiento y alquiler de una vivienda para la entonces pareja del ministro, Jessica Rodríguez; la contratación irregular de familiares y allegados en empresas públicas dependientes del Estado.
Además, el uso residencial de un chalet vacacional en Cádiz y costosas estancias en Marbella a disposición del exministro.
El delator que evitó la cárcel enciende el debate
Tanto el exministro Ábalos como su asesor Koldo García permanecen en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, una medida que ahora se consolidará con el cumplimiento de sus respectivas y extensas condenas.
Sin embargo, el foco del debate político se trasladó al tercer implicado, Víctor de Aldama. Aunque fue condenado a 4 años y medio de cárcel, los magistrados decidieron suspender su ingreso a prisión debido a su confesión de los hechos y su "colaboración máxima y decisiva" para identificar a los responsables de la trama.
Esta decisión generó airadas reacciones en el sector oficialista del PSOE, donde portavoces manifestaron en directo que "cuesta entender" el fallo.
Por su parte, el Tribunal Supremo defendió de forma contundente en el texto de la sentencia que las actitudes procesales de delación deben ser premiadas por el Estado de derecho para lograr la depuración efectiva de los delitos graves de corrupción que atentan contra el sistema democrático.
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