Los abogados que representan a un grupo de 26 niños y adultos venezolanos contra Trinidad y Tobago logaron impedir que las autoridades los repatríen una segunda vez.
La jueza del Tribunal Supremo Avason Quinlan-Williams otorgó una orden judicial para detener una segunda deportación en espera del resultado de una demanda sustantiva.
El pasado domingo, las autoridades trinitenses expulsaron al grupo por mar. Horas antes del inicio de un juicio en el que iban a pedir su estancia en la isla.
Tras estropearse el motor de la barca y estar dos días sin saber de su paradero, la Justicia de Trinidad y Tobago ordenó su regreso al país.
Quinlan-Williams también ordenó que el grupo entre en cuarentena obligatoria durante 14 días antes de quedar en libertad.
Se espera que a los venezolanos los trasladen al centro de detención de migrantes en el helipuerto de Chaguaramas, para cumplir cuarentena. Posteriormente quedarán en libertad.
En la vista de la noche del miércoles los abogados de los migrantes alegó que las acciones de los funcionarios del Estado al deportarlos el domingo, violaban sus derechos constitucionales a la libertad, la protección ante la ley y el derecho a la privacidad y la vida familiar que están garantizados a cualquier persona dentro del país, incluidos los ilegales.
También alegaron que la acción violó varios tratados internacionales y la Política Nacional de Atención de Refugiados y Asilo, creada en 2014.
El grupo se sometió a las pruebas de la COVID-19, resultando todos negativo.
El caso se volverá a ver a última hora del viernes por la Justicia de Trinidad y Tobago.
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