El ex presidente peruano Alan García acusó a la comisión parlamentaria que investiga la supuesta corrupción durante su segundo gobierno (2006-2011) de "afectar sus derechos", en una carta dirigida a la Defensoría del Pueblo y publicada hoy por medios locales.
"La comisión viene actuando, de manera sistemática, con clara afectación de mis derechos constitucionales", manifiesta García en la misiva en la que pide al defensor Eduardo Vega un pronunciamiento inmediato por las supuestas irregularidades en las indagaciones en su contra.
La comisión que investiga la administración de García, líder del Partido Aprista (PAP), ha hallado supuestos indicios de corrupción en el manejo de empresas estatales, en el programa social "Agua para Todos" y en una supuesta intervención en el Poder Judicial para impedirle aclarar presuntos negocios turbios con lobbistas.
En ese sentido, García se quejó de que el grupo que lo investiga lo ha citado en dos oportunidades sin especificar los detalles de los temas por los que debía responder, lo que según el ex mandatario constituye un "abuso" en su contra.
Asimismo, García sostiene en la carta que como ex presidente no puede "conocer la actuación de miles de funcionarios" que trabajaron en su gobierno, en respuesta a la polémica por la contratación de un ex narcotraficante como integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales, organismo dependiente del Ministerio de Justicia que aconseja a un jefe de Estado sobre si dar o no un beneficio.
La comisión, integrada por parlamentarios de diferentes bancadas, investiga también el otorgamiento de 5.500 indultos y reducciones de penas otorgadas en el segundo gobierno de García, incluidos 400 para traficantes de droga.
El secretario general del PAP, Jorge del Castillo, señaló que el pedido de García a la Defensoría del Pueblo es un "derecho ciudadano", y negó que fuera alguna "medida desesperada" para evitar el avance de las indagaciones.
"En los procesos de investigaciones de funciones parlamentarias hay una serie de garantías que el Congreso no observa (…) ¿por qué no aplicarlas a los apristas?", dijo Del Castillo en un noticiero televisivo.
García, de 63 años y que también terminó su primer gobierno (1985-1990) rodeado de sospechas de corrupción, dice que la actual administración lo persigue para sacarlo de la carrera política y allanarle el camino a una eventual candidatura presidencial de la primera dama, Nadine Heredia, para los comicios de 2016 a pesar de que la ley electoral se lo prohíbe por el parentesco. /DPA