Cientos de ancianos nicaragüenses cumplieron hoy su cuarto día de protesta en demanda de una pensión básica, pese a haber sido desalojados de las instalaciones del Seguro Social, en tanto un sindicato sandinista convocó a una "movilización" para contrarrestar los reclamos.
Los ancianos, aglutinados en la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) y que permanecían en las afueras del edificio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), retomaron este jueves sus protestas horas después de haber sido sacados de ese lugar por la Policía Nacional.
Sin embargo, no lograron ingresar hasta el mismo sitio donde mantenían su protesta desde el lunes, el cual es resguardado ahora por un fuerte dispositivo de seguridad tras los incidentes violentos del miércoles entre policías, ancianos y pobladores jóvenes que acudieron a auxiliarlos.
Los ancianos demandan la aprobación de una ley que incluya la pensión reducida de vejez, equivalente a unos 125 dólares mensuales; derecho a servicios médicos, medicinas y préstamos personales, entre otros beneficios.
Según la UNAM, en Nicaragua viven 25.000 ancianos que no lograron alcanzar el número mínimo de 750 semanas de cotizaciones que establece la ley, pero son mayores de 60 años y tienen al menos 250 semanas de cotizaciones, por lo que reclaman una pensión reducida.
El diputado oficialista y principal dirigente del sandinista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras, anunció en una rueda de prensa que "movilizarán" a sus bases el próximo lunes para contrarrestar la protesta de los ancianos, la cual dijo está siendo "manipulada" por la oposición.
Porras, presidente de la comisión de Salud de la Asamblea Nacional, indicó que esas pensiones representan entre 13 a 23 millones de dólares anuales y no están dentro del presupuesto del INSS.
Dirigentes de la UNAM denunciaron hoy que fueron desalojados del lugar en horas de la madrugada, bajo amenazas y reducidos con las manos hacia atrás, con técnicas que son aplicadas para dominar a delincuentes.
El presidente de la UNAM, Porfirio García, detalló a periodistas que "forcejearon" con agentes policiales, que les obligaron a abordar autobuses y confirmó que fueron trasladados a centros hospitalarios y luego a sus residencias.
García acusó a la Policía de mantenerlos "tres días encerrados" frente al edificio del INSS al colocar a cientos de oficiales en el perímetro para evitar que tuvieran comunicación con sus familiares, o les llevaran alimentos o sus medicamentos.
También denunció que las autoridades cortaron el servicio de agua potable en las afueras del lugar donde mantenían la protesta y no le habilitaron ningún servicio higiénico durante los tres días.
Los ancianos "fueron trasladados" a tres centros asistenciales "para pasar chequeo médico preventivo, recibir alimentación y las atenciones necesarias, sin que se haya registrado ningún incidente", dijo, por su lado, a periodistas, el portavoz policial, Fernando Borge.
La Archidiócesis de Managua expresó en un comunicado su "honda preocupación" por la situación de los ancianos.
"Estos adultos mayores, que han trabajado colaborando con el desarrollo del país, merecen el respeto y el apoyo necesario para acceder a unas condiciones de vida digna", señalaron en el documento suscrito por Leopoldo Brenes y Silvio Báez, obispo principal y auxiliar de la arquidiócesis de Managua, respectivamente.
"Es inaceptable cualquier intento de represión en su contra o de impedimento a su justa protesta cívica", indicaron.
Los agentes policiales también impidieron que los ancianos fueran atendidos por paramédicos e incluso evitaron que jóvenes, que se han solidarizado con sus demandas, lanzaran bolsas con comida y agua hacia donde se hallaban los manifestantes. /EFE