El Senado de Georgia aprobó un par de medidas que buscan obligar a los gobiernos locales a colaborar con la deportación de migrantes en lugar de darles albergue.
Esta sería una respuesta política al homicidio de una estudiante de enfermería presuntamente cometido por un venezolano en la Universidad de Georgia.
El Senado aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 301 (HB 301) con 34 votos a favor y 18 en contra.
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Medida sancionará ciudades
La legislación sancionaría a ciudades y condados que, alberguen a inmigrantes que estén en Estados Unidos (EEUU) sin autorización, cortando la mayor parte de la ayuda estatal a los gobiernos locales y destituyendo a funcionarios electos.
Además, los senadores realizaron la la votación de 34-19 el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1105 (HB 1105), el cual pretende obligar a las autoridades penitenciarias a revisar el estatus migratorio de los reclusos.
Estudios muestran que los migrantes tienden a cometer menos delitos, en comparación con los estadounidenses nativos.
Posición de los republicanos
Pero los republicanos se han enfocado en aquellos que están en prisión desde que José Ibarra fue arrestado el mes pasado por cargos de homicidio y agresión relacionados con el deceso de Laken Riley, de 22 años.
Las autoridades de inmigración dicen que Ibarra, de 26 años, ingresó ilegalmente a EEUU en 2022 y se desconoce si había solicitado asilo, en el tiempo previo a su detención.
Riley estudiaba enfermería en la Universidad Augusta, campus Athens. Su cuerpo fue hallado el 22 de febrero, después de que una compañera de habitación informó que no había vuelto luego de salir a correr por la mañana en una zona boscosa.
Jason Riley, padre de la estudiante, en un discurso ante los senadores que las así llamadas políticas santuario en el condado Athens “condujeron al asesinato de mi hija”.
Por otro lado, el alcalde de Athens-Clarke, Kelly Girtz, ha negado que la ciudad y condado consolidados infrinjan una ley estatal de 2009 en contra de las políticas de santuario.
Demócratas y opositores
Los demócratas y otros opositores a la iniciativa aseguran que las medidas son innecesarias y conducirán a encasillamiento racial por parte de la policía en contra de los hispanos.
El HB 301 permitiría que cualquier residente de Georgia interponga una demanda para solicitar a un juez que declare que una agencia infringe la ley de 2009.
Si un juez coincide, el estado podría cortar el envío de ayuda estatal y federal que controle, salvo por unos cuantos servicios de salud y emergencia.
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El proyecto de ley también establece la destitución de funcionarios electos en caso de que ciudades o condados adopten una política de santuario.
El HB 1105 establecería nuevos requerimientos en la manera como las autoridades penitenciarias deberían cotejar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para determinar si se sabe que ciertas personas están ilegalmente en el país.
El proyecto de ley también negaría fondos estatales a los gobiernos locales que no cooperen con los estatutos de la legislación.
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