Las autoridades de Australia investigan a los familiares de los miembros del gobierno golpista de Birmania que se encuentran en el país oceánico, ante el temor de que estén acumulando activos o recibiendo apoyo financiero, según informó este miércoles la prensa local.
Al menos 22 parientes de los altos mandos de la junta militar birmana viven en Australia, según revelaron hoy los diarios Sydney Morning Herald y The Age, que señalan que le Gobierno australiano decidirá este miércoles si extienden su visado o si les obligan a volver a Birmania.
El Ejército birmano ejecutó un golpe de Estado el pasado 1 de febrero y arrebató el poder al gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, que se encuentra desde entonces en arresto domiciliario.
Una lista preparada por un grupo de activistas a favor de la democracia en Australia, que ha sido entregada al gobierno, incluye los nombres de 15 familiares de altos miembros del gobierno militar de Birmania que creen que pueden estar recibiendo desde Birmania.
"Las familias de los miembros de la junta están aquí en Australia, los Estados Unidos y el Reino Unido, además de una mayoría que se encuentra en Singapur, en donde no se han impuesto sanciones y el dinero circula libremente", dijo Nang Si Si Win – Ying, una médico birmana australiana que ayudó a elaborar una lista con estos nombres.
Cinco sanciones
Hasta la fecha, las autoridades australianas han aplicado sanciones contra cinco integrantes del Tatmadaw, quienes han sido acusados de supervisar la violencia contra la minoría musulmana de los rohinyas, pero estas medidas se aplicaron antes del golpe militar.
El gobierno australiano también anunció este miércoles que permitirá que los ciudadanos de Birmania que se encuentran en el país oceánico con visados temporales permanezcan en su territorio, en respuesta a las preocupaciones en torno a su seguridad tras el golpe de Estado de febrero pasado.
"Estas disposiciones apoyarán a los nacionales de Birmania en Australia que se vean afectados por los disturbios actuales en Birmania, de acuerdo con las obligaciones internacionales de Australia", dijo el ministro de Inmigración del país oceánico, Alex Hawke, en un comunicado.
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