El presidente Luis Arce, denunció públicamente a través de su cuenta en X, la toma de tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba por “grupos armados afines a Evo Morales”.
En su declaración, Arce afirmó que estos grupos tienen como rehenes a militares y a sus familias, poniendo en riesgo sus vidas: "Ellos no intervienen en ningún operativo, solo están resguardando sus unidades", señaló el mandatario, quien destacó que muchos de los involucrados tienen orígenes populares e indígenas.
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Rechazo contundente
Además, el presidente Arce enfatizó que los grupos irregulares han accedido a los lugares donde se almacena armamento militar, lo que representa "un acto criminal absolutamente condenable".
Según el jefe de estado, estas acciones distan mucho de cualquier reivindicación social legítima que pueda tener el movimiento indígena originario campesino.
Por tal motivo, la toma de instalaciones militares es considerada por el gobierno un delito de traición a la patria y una violación a la Constitución Política del Estado, así como una afrenta a las Fuerzas Armadas y al pueblo boliviano que “rechaza de manera contundente, los bloqueos criminales de Evo Morales así como estas acciones delincuenciales", subrayó el presidente.
Reivindicación del orden
Arce también expuso que estos actos buscan estrangular económicamente a diversos sectores de la población, incluyendo a trabajadores y productores de diferentes escalas. "Con el único objetivo de acortar nuestro mandato, imponer una candidatura inconstitucional y lograr impunidad en procesos judiciales", indicó.
Finalmente, en respuesta a esta crisis, el ejecutivo de gobierno se comprometió a reestablecer el orden público, garantizando “la protección de la vida de los bolivianos y la paz social, así como el derecho del pueblo al libre tránsito, al trabajo, al acceso a combustible, alimentos y medicamentos”, concluyó.
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