Cambio de calificación jurídica abre puerta a penas de hasta 20 años por la tragedia en la que murió el merenguero Rubby Pérez

El juez determinó que la gerencia conocía el severo deterioro del inmueble y recibió avisos serios e inminentes sobre el peligro real de colapso.

Viernes, 16 de octubre de 2026 a las 08:38 pm
Cambio de calificación jurídica abre puerta a penas de hasta 20 años por la tragedia en la que murió el merenguero Rubby Pérez

En un giro calificado como «histórico» por la defensa de las víctimas, la justicia dominicana modificó este viernes la calificación jurídica del caso por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido en abril de 2025. Con esta decisión, los acusados podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de cárcel por el siniestro en el que perdió la vida el legendario merenguero dominicano Rubby Pérez.

Hasta la fecha, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del emblemático centro nocturno, solo enfrentaban cargos por homicidio involuntario, delito que contempla un máximo de dos años de prisión. Sin embargo, el juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, reestructuró la tipificación penal del proceso.

Conocimiento del peligro y dolo eventual

El magistrado atendió la solicitud de varios querellantes y acogió la figura de homicidio voluntario por dolo eventual, la cual establece penas que oscilan entre los 3 y los 20 años de reclusión.

Durante la audiencia, el juez González fundamentó la decisión señalando que los imputados tenían conocimiento pleno del avanzado estado de deterioro del inmueble. Destacó que los propietarios recibieron advertencias formales, serias y objetivas sobre el peligro inminente de la estructura y, pese a ello, no tomaron las medidas preventivas correspondientes.

No obstante, el tribunal descartó la existencia de circunstancias agravantes que habrían elevado el rango de la pena hasta los 30 años de prisión.

«Hoy tenemos una victoria aplastante de los querellantes y del sistema de justicia. No era posible que un hecho donde murieron tantas personas siguiera tramitándose como un simple homicidio involuntario», declaró el abogado Plutarco Jáquez a los medios locales.

Por su parte, Yan Carlos Martínez Segura, abogado de otras familias víctimas, calificó como "histórica" la decisión de cambiar la calificación jurídica del proceso.

"Esta decisión es una decisión histórica tomada por un juez que la ha razonado en derecho, en la norma y la jurisprudencia. Es una decisión digna de estudio por los estudiantes, foros jurídicos, académicos y la sociedad", destacó en un video en X

Un caso que iniciará desde cero

Como consecuencia del cambio de tipificación, el juez González declaró que el expediente supera la competencia material de su tribunal. Por ende, el juicio fue remitido a un tribunal colegiado para que el proceso se celebre desde cero bajo el nuevo marco penal.

La tragedia ocurrió durante la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando la estructura superior del recinto se vino abajo mientras una multitud presenciaba la actuación del afamado intérprete de «Volveré», Rubby Pérez. El lamentable hecho se cobró la vida de 236 personas y dejó decenas de heridos. Entre las víctimas fatales, además del cantante y un músico de su agrupación, se contaron figuras públicas como el exlanzador de las Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador de moda Martín Polanco y un hijo del exministro de Obras Públicas Eduardo Estrella.

Sobrecarga estructural como causa del colapso

Informes periciales presentados a inicios de septiembre por el Ministerio Público determinaron que el desplome no obedeció a un fallo aleatorio, sino a una sobrecarga progresiva y sostenida en la losa superior.

De acuerdo con los peritos técnicos, a lo largo de los años se instalaron en el techo diversos elementos pesados sin la previsión estructural adecuada, tales como:

  • Tanques de almacenamiento de agua.

  • Casetas de mantenimiento y equipos de climatización industrial.

  • Estructuras de soporte para sistemas pesados de luces y sonido.

Representantes de los familiares afectados valoraron la medida judicial como un precedente para la seguridad operacional en establecimientos públicos del país caribeño.

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