El expresidente peruano, Pedro Castillo, resultó detenido en flagrancia este miércoles por la Policía y la Fiscalía de ese país, luego de perpetrar un autogolpe y poco antes de su destitución por el Congreso.
El Ministerio Público de Perú confirmó la intervención en la prefectura de la Policía de Lima, en compañía del exprimer ministro Aníbal Torres, por el delito de rebelión; el cual está regulado en el artículo 346 del Código Penal. Ante la situación, Castillo podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel.
En el Título XVI del capítulo I del documento, referente a acciones que atentan contra el Estado y orden constitucional, se especifica que quien “se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de diez ni mayor de veinte años, y expatriación”.
El abogado constitucionalista Erick Urbina matizó en RPP que Castillo cometió una “infracción constitucional por la cual debe ser deshabilitado hasta por 10 años”. Por lo cual, “corresponde que la Fiscalía de la Nación de oficio lo procese por estos actos”.
Castillo huyó tras disolver el Congreso
Durante cerca de media hora, no se supo sobre el paradero de Castillo, hasta que la Policía informó que una comisión lo intervino.
“Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional; y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado”, escribió la institución.
Después del discurso sobre la disolución del Congreso, Castillo abandonó la residencia de Palacio junto a su esposa, Lilia Paredes, y sus hijos.
Posteriormente, la comitiva presidencial ingresó a la sede de la Prefectura de Lima. La fiscal Patricia Benavides y el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, encabezaron la diligencia en la prefectura.
En la diligencia se dispuso realizar al detenido el reconocimiento médico legal, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
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