El Gobierno de Colombia anunció la ruptura formal de sus nexos diplomáticos con la República Islámica de Irán, medida que rige desde el pasado 19 de septiembre.
La decisión se adoptó en el marco de la política exterior colombiana enfocada en la seguridad del Estado, la defensa del hemisferio y el combate a las organizaciones criminales internacionales.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la determinación responde a presuntos enlaces del régimen iraní con células terroristas y estructuras del narcotráfico que atentan contra la estabilidad del país.
A esta situación se suman señalamientos por atropellos a los derechos humanos dentro del territorio iraní, agresiones bélicas contra naciones ajenas al conflicto en Medio Oriente, el bloqueo del paso marítimo por el estrecho de Ormuz y los obstáculos impuestos al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para la inspección de sus instalaciones nucleares.
Mantienen canales consulares
El Palacio de San Carlos especificó que la medida se ciñe a los asuntos políticos y diplomáticos.
Por consiguiente, las vías consulares continuarán vigentes en apego a los marcos normativos internacionales, específicamente el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y el artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963).
La Dirección de Protocolo de la Cancillería colombiana se encargará de notificar a las autoridades de Teherán los procedimientos administrativos de la transición.
Calificación a la Guardia Revolucionaria
De forma simultánea, el Ejecutivo colombiano catalogó formalmente como grupo terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
La administración justificó la medida al considerar que dicho brazo armado constituye un riesgo directo para la paz global debido a sus operaciones de represión interna y despliegue encubierto en el exterior.
Con este paso, Bogotá se alinea con la postura adoptada por la Unión Europea, Estados Unidos y diversos gobiernos en América Latina, Medio Oriente y Oceanía.
Como consecuencia inmediata, las autoridades del país andino implementarán controles migratorios y de inteligencia más rigurosos para restringir el ingreso a territorio nacional de cualquier individuo con nexos comprobados con el CGRI.
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