Un grupo de dueños de terrenos en el sector de Big Bend inició acciones legales y de protesta ciudadana para impedir la ejecución de las obras del vallado limítrofe financiadas por el gobierno federal.
Esta manifestación de resistencia a la infraestructura fronteriza se tradujo en una orden de suspensión temporal emitida por un tribunal federal, frenando los trabajos previstos a lo largo de un tramo de 800 kilómetros en el estado de Texas.
“La resistencia de los propietarios ha hecho que el avance de este proyecto sea extremadamente lento”, dijo David Keller, un propietario quien emprendió acciones legales para detener los planes fronterizos en la región de Big Bend, llamada así por la pronunciada curva que hace allí el río Bravo, conocido en Estados Unidos como río Grande.
Oposición judicial y negativa de acceso a predios privados
A diferencia de otros sectores geográficos del país, la mayor parte de la franja territorial en Texas pertenece a particulares o al estado. Múltiples familias del área rehusaron firmar las autorizaciones de inspección topográfica enviadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), preparando defensas legales ante eventuales juicios de expropiación forzosa.
La coalición No Big Bend Wall, que reúne a más de 200 propietarios, argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional incurre en un uso excesivo de sus facultades al otorgarse exenciones ambientales en una zona donde las aprehensiones de migrantes registraron apenas 161 casos en el mes de agosto.
Objeciones técnicas y posturas del sector oficial
Representantes policiales de la zona y productores ganaderos cuestionaron la viabilidad económica y logística de la obra, valorada en 7.500 millones de dólares únicamente para esa demarcación.
Los opositores señalan que la geografía del terreno —compuesta por cañones y acantilados sobre el río Bravo— actúa como barrera natural, recomendando el empleo de torres de vigilancia y drones en lugar de estructuras físicas.
Por su parte, la CBP sostiene que la instalación de cercados, caminos de patrullaje y tecnología de monitoreo resulta indispensable para evitar que los flujos de migración e irregularidades aduaneras se desvíen hacia las áreas desprotegidas.
Dianna, de 63 años, y su esposo, de 79, llegaron allí hace 25 años y criaron a cuatro hijos en su casa naranja de adobe, situada en una propiedad que se extiende hasta el río Bravo. Ahora, ya jubilados, les preocupa que la construcción pueda agravar las inundaciones y dejar 6 hectáreas (15 acres) de su terreno al otro lado del muro.
“Dejaremos que nos lleven a juicio y que intenten expropiar. Lo combatiremos de esa manera. Si hubiéramos cedido, el muro ya estaría construido”, manifestó Dianna.
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