2001.com.ve | EFE
Una comisión especial de diputados del Congreso de El Salvador concluyó hoy con una serie de entrevistas a los abogados que aspiran a ser elegidos como jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Congreso informó que fueron 30 los aspirantes entrevistados, quienes buscan sustituir a cuatro de los magistrados propietarios (principales) de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil que concluirán su mandato el próximo 15 de julio.
Los nuevos jueces, que deben ser elegidos por al menos 56 diputados de los 84 escaños en una votación "nominal y pública", estarán en el órgano de Estado entre 2018 y 2027.
La fuente añadió que los diputados deberán "presentar un informe sobre su actuación a la Comisión Política para que presente su respectivo dictamen al Pleno Legislativo y que este elija y juramente a cinco magistrados propietarios y cinco magistrados suplentes".
Los cuatro jueces del Constitucional que concluyen su mandato son Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González, llamados por algunos sectores como "los cuatro fantásticos" por las sentencias que han emitido.
Una de las más destacas es la que anuló en julio de 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
La anulación de esta ley permitió la reapertura de procesos penales como la masacre de unos 1.000 campesinos por parte del Ejército en 1982 en El Mozote, la matanza de seis padres jesuitas en 1989 y el magnicidio del beato monseñor Óscar Arnulfo Romero de 1980.
Estos mismos jueces impulsaron el trabajo de la Sección de Probidad de la CSJ y algunos de sus procesos administrativos derivaron en investigaciones penales tras juicios civiles.
El caso de Mauricio Funes es uno de estos, dado que el Supremo ordenó un juicio civil contra el exmandatario (2009-2014) del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), partido actualmente en el poder, por enriquecimiento ilícito y fue condenado en 2017 a "restituir al Estado" más de 419.000 dólares.
Este proceso civil llevó también a la Fiscalía a investigar penalmente a Funes, asilado en Nicaragua, quien enfrenta un proceso en etapa de instrucción por la supuesta malversación de más 351 millones de dólares que incluye una orden de captura emitida por un juzgado salvadoreño.
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