Han pasado 20 años desde aquel 2003 de la proclama por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del Día Internacional contra la Corrupción que hoy, 9 de diciembre, se celebra en todo el mundo.
La ONU, en Asamblea General, fijó esta fecha con el propósito de crear conciencia contra la corrupción en todos sus niveles, difundir el valioso contenido de la convención suscrita por los países miembros e impulsar el rol de cada nación a la hora de luchar contra ella y prevenirla.
La resolución tiene el objetivo de frenar y eliminar en todos los territorios los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse de forma ilícita en detrimento de los demás.
En su prefacio, el documento de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción publicado en Nueva York (2004), alerta sobre este fenómeno que califica como maligno, con efectos especialmente devastadores en países en desarrollo.
La corrupción no distingue naciones grandes o pequeñas, ricas o pobres. Sin embargo, el efecto negativo es infinitamente mayor en los países pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, lo que socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, en consecuencia, se alimenta la desigualdad y la injusticia y, por si fuera poco, desalienta la inversión y las ayudas extranjeras.
“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad”, expone el documento. Este tipo de comportamientos y acciones contrarias a las leyes, socavan la democracia y el estado de derecho, explica el acuerdo.
Es relevante para la comprensión de cómo puede incidir esto en las sociedades y en cada uno de nosotros, estimados lectores, el no perder de vista que la corrupción, sin importar en el ámbito en el que se produzca, ni el nivel que alcance “… da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”, alerta el acuerdo.
Según datos de la ONU, cada año se pagan cerca de 1 billón de dólares en sobornos. Se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar, por mecanismos de corrupción, 2,6 billones de dólares, lo que alcanza un total del 5 % del producto interior bruto (PIB) mundial.
Esto perjudica de manera especial a los países en desarrollo, donde el dinero que se pierde es diez veces mayor al dinero que se dedica para asegurar una calidad de vida acorde a los derechos de sus ciudadanos.
Transparencia Internacional (TI), una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, publica cada año el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), una lista corporativa de corrupción a nivel mundial.
Según las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público, el IPC clasifica 180 países y territorios en una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente.
El índice correspondiente al informe del 2021, divulgado este año en curso por TI, muestra que los niveles de corrupción no han registrado cambios a nivel mundial. En las Américas, apenas dos países han tenido avances importantes en las puntuaciones del IPC durante los últimos 10 años, mientras que Estados Unidos dejó de estar entre los 25 superiores por primera vez desde 2012.
Pese a la existencia de abundantes leyes sobre el tema y un compromiso regional de actuar contra este fenómeno, la corrupción en el continente sigue debilitando a la democracia y los derechos humanos. El promedio se mantiene en 43 y casi dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50, señala la organización.
Datos sobre las Américas
La investigación arroja que el promedio en los países de la región se mantiene en 43 y casi dos tercios de las naciones obtienen una puntuación inferior a 50. En la última década, 30 de estos territorios han descendido o no han hecho ningún progreso significativo por mejorar su puntuación.
Canadá (74), Uruguay (73), Chile (67) y Estados Unidos (67) encabezan el índice en la región; sin embargo, Canadá, Chile y Estados Unidos han tenido un deterioro considerable, para el momento de la investigación.
Dominica (55), Cuba (46), Honduras (23), Nicaragua (20), Santa Lucía (56), Guatemala (25), Honduras (23).
Apenas dos países de la región mejoraron significativamente sus puntuaciones en ese período: Guyana (39) y Paraguay (30).
Nicaragua (20), Haití (20) y Venezuela (14) tienen las puntuaciones más bajas de la región.
Así clasifica el informe a Perú (36) y a Argentina (38), países que en este momento son centro de atención debido a escándalos de corrupción.
Argentina
La exmandataria y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió este martes una condena de seis años de cárcel e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, por corrupción en la concesión de obras viales durante su gobierno.
El polémico caso, conocido como “vialidad” lleva un largo proceso desde 2019 y ha suscitado una controvertida polémica en la nación austral. Los jueces han dado por probada la existencia de “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”, que consistió en la asignación de contratos de obra pública a cambio de sobornos.
Según la Fiscalía, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1.000 millones de dólares (953 millones de euros) durante los dos mandatos de Kirchner como presidenta, entre 2007 y 2015. La sentencia considera a Fernández de Kirchner culpable de defraudación al Estado, pero la absuelve del delito de asociación ilícita.
Ante la condena, la vicepresidenta ratificó su acusación de que "la idea siempre" fue condenarla y apuntó contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, encargados de recoger las pruebas en su contra y arremetió diciendo que "no pudieron responder a los alegatos y solo dijeron mentiras".
Si Fernández de Kirchner, que es parte del Estado y goza de fuero especial, considera que se trata de una sentencia injusta estaría en el derecho de defenderse por la vía de la apelación.
Perú
Este jueves Perú amanece con una nueva presidenta, Dina Boluarte, luego de una intensa y turbulenta jornada en el país andino, en la que hubo amenazas de cierre del Congreso y una declaración de vacancia en contra de Pedro Castillo.
Hasta este miércoles, Castillo, fue presidente de Perú en una gestión de gobierno de 18 meses y fue capturado pocas horas después de haber intentado disolver el Congreso peruano, una medida que fue catalogada por los peruanos de "un golpe de Estado".
La inesperada y nefasta decisión del entonces presidente de disolver el Congreso, imponer el toque de queda y gobernar por decreto fue llevada a cabo para evitar someterse a una moción de censura.
En los últimos meses, Castillo se vio afectado por diferentes situaciones que le han sido adversas a su mandato y afectaron de forma negativa su gestión, de manera especial las acusaciones por corrupción, lo que han señalado los especialistas como un mal endémico en los presidentes peruanos, hasta el punto de que la fiscal general le señaló por liderar una presunta “organización criminal” destinada a enriquecerse amañando contratos.
Este jueves, el Poder Judicial de Perú informó en su cuenta de Twitter que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por flagrancia de Castillo por un plazo de siete días, hasta el 13 de diciembre.
El fracaso de Castillo, cuyo destino judicial aún es incierto, entierra presumiblemente su carrera política.
Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, señaló que en América los países están estancados en la lucha contra la corrupción.
“Los líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, aseguró Ferreira, quien añadió que se necesitan acciones contundentes que contribuyan a revertir esta tendencia, protejan a la sociedad civil y se defiendan los derechos humanos y la democracia.
Compromiso de todos
La labor no es solo de los gobiernos, ni de las instituciones ni de los sectores que conforman la sociedad, sino también es un deber de cada uno de sus ciudadanos. La lucha principal contra la corrupción se libra en la familia y en cada comportamiento y acción de cada persona apegada a la integridad, la ética, la veracidad, la equidad, la justicia y las leyes.
Lusymar Blanco
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