El devastador terremoto doble que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 ha desatado una intensa batalla política y humanitaria dentro de las fronteras de Estados Unidos (EEUU).
Mientras el país sudamericano intenta recuperarse de sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que ya dejan miles de muertes estimadas y una destrucción generalizada de infraestructura, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentra bajo la lupa pública.
El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, denunció formalmente que las autoridades migratorias intentaron expulsar a familias con niños hacia el epicentro de la catástrofe pocas horas después del desastre natural.
Esta acusación ha provocado una respuesta inmediata del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), abriendo una profunda discusión sobre los límites humanitarios del sistema migratorio estadounidense en momentos de crisis internacional.
El drama en el centro de Dilley: "Los despertaron en mitad de la noche"
De acuerdo con la denuncia publicada por Castro, la alerta se encendió en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, Texas, la única instalación federal activa dedicada al confinamiento de grupos familiares.
El legislador expuso que un grupo de ciudadanos venezolanos bajo custodia fue retirado abruptamente de sus celdas en horas de la madrugada.
“Los despertaron en mitad de la noche y los enviaron a Arizona de camino a Venezuela. Finalmente, las familias fueron regresadas a Dilley, pero temen ser deportadas en cualquier momento”, puntualizó el congresista.
Para Castro, la maniobra representa una preocupante falta de sensibilidad institucional.
“Es impensable enviar a niños y familias que no han cometido ningún delito a un país sumido en el caos por un desastre natural”, enfatizó el legislador tejano de 51 años, quien además exigió el cierre definitivo de estas instalaciones y el cese inmediato de los vuelos de deportación hacia el territorio venezolano.
La respuesta de las autoridades federales
Ante la presión mediática, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) salió al paso de las acusaciones calificando las declaraciones del congresista como "falsas".
En un comunicado oficial, la agencia federal defendió sus protocolos y aclaró el estatus de sus operaciones aéreas hacia el sur del continente.
Según la versión del DHS, el último vuelo de expulsión programado hacia Venezuela aterrizó de manera segura el mismo miércoles 24 de junio, pero horas antes de que se registraran los movimientos telúricos en el eje norte-central del país.
La institución argumentó que una vez los ciudadanos son entregados a las autoridades de su país de origen, la responsabilidad operativa de ICE concluye y aseguró que no se fijaron traslados posteriores al desastre.
Sin embargo, el congresista Castro mantiene su postura de alerta y documentó un hecho trágico: un grupo previo de 146 deportados (120 hombres, 19 mujeres y siete niños) se encontraba hospedado temporalmente en un hotel de la zona costera de La Guaira al momento del sismo.
La estructura colapsó por completo y agencias internacionales reportan que hay escasos sobrevivientes confirmados de ese contingente.
El factor clave: el cierre técnico del Aeropuerto de Maiquetía
Más allá del debate político en Washington, la realidad operativa sobre el terreno impone una pausa obligada.
El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la principal puerta de entrada a Venezuela, sufrió daños estructurales de gravedad extrema durante los sismos gemelos.
Videos verificados en redes sociales mostraron el desplome de techos en las terminales y, de manera crítica, la autoridad aeronáutica civil (INAC) detectó grietas severas en la pista principal (10R/28L).
A la fecha de este 02 de julio de 2026, se mantiene vigente un NOTAM (aviso a navegantes) que suspende de forma indefinida todos los vuelos comerciales.
Solo se permiten operaciones de asistencia humanitaria y rescate redirigidas a bases militares alternas como El Libertador, en Maracay, lo que bloquea materialmente cualquier logística ordinaria de deportación.
¿Qué derechos y recursos tienen los familiares en EEUU?
Si usted tiene un familiar de nacionalidad venezolana detenido en centros de ICE o en proceso de deportación, la actual situación de desastre natural altera los procedimientos regulares.
Aquí le presentamos los recursos legales y mecanismos de monitoreo disponibles:
- Petición de suspensión de la deportación (Formulario I-246): los abogados de inmigración pueden interponer solicitudes de suspensión de deportación por razones humanitarias apremiantes (como la destrucción total del entorno familiar en el país de origen a causa del sismo).
- Solicitud de Discrecionalidad Ejecutiva: ante la imposibilidad física de realizar vuelos a Maiquetía, las defensas legales están presionando para que ICE otorgue "libertad bajo palabra" (parole) o supervisión externa a los detenidos de Dilley, argumentando que los confinamientos prolongados sin fecha de salida violan los derechos procesales.
- Localizador de Detenidos de ICE: para verificar el estatus y ubicación exacta de cualquier familiar retenido, puede ingresar al sistema oficial en línea Online Detainee Locator System utilizando el Número de Extranjero (A-Number) o los datos biográficos exactos del detenido.
Visita nuestras secciones: Nacionales e Internacionales
Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube
