Un nuevo proyecto de ley que entra en vigor en julio prohíbe los cargos adicionales que comúnmente se agregan a las cuentas de los restaurantes, como las propinas automáticas o los recargos por servicio, en restaurantes de San Diego, California.
Esta medida pone fin a una práctica cada vez más común que ha generado confusión y frustración entre los comensales.
Restaurantes como Mister A’s, Fort Oak, Coasterra, Rockin’ Baja Lobster y Barefoot Bar & Grill se han visto envueltos en la tendencia de agregar cargos adicionales del 3 al 6 por ciento a las cuentas, a menudo sin un aviso claro o consentimiento previo.
“Según la ley, un restaurante no puede cobrar un recargo adicional sobre el precio indicado”, escribió la Oficina del Fiscal General.
La ley inicialmente generó cierta incertidumbre sobre si estos recargos quedarían efectivamente prohibidos.
Sin embargo, la Oficina del Fiscal General recientemente disipó las dudas al publicar un conjunto de directrices que aclaran que cualquier cargo adicional a la propina o al precio de los alimentos está prohibido.
La legislación, que el gobernador Gavin Newsom firmó en octubre, abarca una variedad de negocios, desde vendedores de venta de boletos y aplicaciones de entrega hasta restaurantes y hoteles.
Pero han sido los cargos de servicio de restaurante los que han recibido más atención, y debate.
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Podrían aumentar los precios de platillos en restaurantes afectados con la nueva medida
Antes de que los comensales empiecen a celebrar la noticia, tengan cuidado. Es probable que los precios del menú en muchos de los lugares de comida donde se cobran recargos comiencen a subir este verano.
La ensalada de pollo César en el hotel Bahía, por ejemplo, probablemente aumentará de $21 a $22. ¿Y el pollo frito con codorniz, pan de maíz, frijoles rojos y dátiles de Trust? Parece que habrá un aumento de un dólar, de $23 a $24, reseña San Diego Tribune.
“Los precios han estado subiendo y he tenido que averiguar cómo mantenerme a flote durante estas fluctuaciones de un mercado que ha sido volátil, así que trato de no pasar absolutamente todo al huésped”, dijo Brad Wise, chef y propietario del Grupo de Restaurantes Trust de San Diego.
“Pero el recargo ha sido parte de mi presupuesto para igualar los salarios de mis empleados, igualar las contribuciones al 401(k), así que tengo que averiguar cómo recuperar ese 4% para seguir siendo comparable en el mercado actual del sur de California”, agregó.
“Créanlo o no, he tenido muchas llamadas con mis colegas y algunos dicen, no sé qué voy a hacer”, precisó Wise.
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Nueva ley pretende eliminar viejas tácticas
De acuerdo a San Diego Tribune, la legislación, el Proyecto de Ley del Senado 478, deja claro que se trata de transparencia para los consumidores, ya sea comprando boletos para un concierto, alojándose en un hotel o cenando fuera.
Aunque una tarifa obligatoria en un restaurante no está prohibida directamente, efectivamente lo está porque, como declaró la Oficina del Fiscal General la semana pasada, debe estar incluida en el precio de cada plato del menú.
Un restaurante, aclaró, no puede cobrar un recargo adicional sobre el precio indicado. Además, las propinas que no son voluntarias, como una propina obligatoria del 18 o 20 por ciento para grupos grandes de comensales, también deben incluirse en el precio indicado.
El efecto neto, dijo el Fiscal General Ron Bonta, es eliminar las “tácticas de anzuelo y cambio” para que los consumidores estén al tanto de antemano cuál es el costo total de un bien o servicio que están comprando.
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“La ley es simple: el precio que ves es el precio que pagas”, dijo Bonta. “Las leyes funcionan cuando todos pueden cumplir.”
La industria restaurantera de California reaccionó de inmediato, emitiendo su propia declaración en respuesta a la interpretación de Bonta de la legislación. Nada en el proyecto de ley, ni el debate continuo sobre la legislación, “sugirió una intención de cambiar la estructura de precios para cada restaurante en este estado”, dijo Matthew Sutton, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales y política pública de la Asociación de Restaurantes de California.
El grupo comercial, agregó, “considerará todas las opciones disponibles para bloquear la implementación del SB 478 de la manera sugerida por la oficina del Fiscal General”.
La legislación fue coautorizada por dos senadores del norte de California, Bill Dodd, D-Napa, y Nancy Skinner, D-Berkeley, y fue patrocinada por la Coalición de Consumidores de Bajos Ingresos de California.
Con información de San Diego Tribune
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